M. J. García/ L. Blanco
Aunque formalmente es la comisión bilateral entre la Junta y el Ayuntamiento la que se comprometió a buscar una solución para las familias de la Corrala Utopía el bloque de la Avenida Juventudes Musicales ocupado por una treintena de familias desde hace dos años, lo cierto es que la posible solución está más próxima por la vía de una negociación entre la Consejería de Fomento y Vivienda e Ibercaja, entidad propietaria del inmueble ocupado y cuya denuncia por usurpación ilegal propició la orden judicial de desalojo forzoso que pesa sobre los ocupas desde hace un mes.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu que actúa como mediador en la negociación, explicó a este
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periódico que existe un principio de acuerdo entre Ibercaja y la Junta con el objetivo de llegar a una propuesta de solución antes de Semana Santa. Por parte de Ibercaja es la misma oferta que ha mantenido desde el principio y a la que se acogieron hace un año cinco familias de la Corrala Utopía: su programa Llaves Solidarias por el que facilita un alquiler social durante un año en pisos de su propiedad.
En la mesa de negociación abierta, también con la mediación del Defensor, los ocupas ya rechazaron esta propuesta al considerar que no daba estabilidad a su situación, una situación sociecononómica que no preveían que en un año se hubiera resuelto lo suficiente como para poder aspirar a un alquiler de renta libre. La situación ahora es que este alquiler social con Ibercaja sería transitorio mientras la Junta termina algunas de sus promociones de viviendas de protección oficial donde pueda realojar a las familias.
Fuentes de la Corrala Utopía señalaron que en función de las garantías que ofrezca la Junta fundamentalmente el tiempo durante el cual podrían quedarse en sus VPO con un alquiler asequible y la ubicación de éstas, especialmente en el caso de las familias con menores a su cargo escolarizados, las familias estarían dispuestas a aceptar esta posible solución. Una solución de la que reconocen que llevan oyendo hablar desde hace un mes aunque sin concreciones ni propuestas oficiales sobre la mesa por parte de la administración autonómica, ya que en la negociación abierta con Ibercaja no están participando ni directamente ni a través de sus representantes legales, los abogados del grupo 17 de marzo.
Por su parte, desde la Junta tampoco quisieron confirmar a este periódico el contenido de la propuesta ni la existencia de una negociación con Ibercaja pero afirmaron que se está trabajando en buscar alternativas para las familias y que la solución está «cerca». La delegada provincial de Vivienda y Fomento, Granada Santos, aludió también a que la comisión bilateral con el Ayuntamiento continúa trabajando aunque «sin novedad», si bien ni el Defensor ni las familias aluden a una posible solución por esta vía, pese a que tras la denuncia de las familias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, éste pidió información a ambas administraciones sobre sus medidas para garantizar la protección de las familias en riesgo de exclusión (especialmente los menores) y ambas señalaron que todos sus recursos sociales estaban a su disposición (lo que motivó que Estrasburgo no paralizara el desalojo).
Santos sí admitió que una de sus dificultades para ofrecer una solución a los ocupas es que no cuenta con VPO suficientes y adecuadas para todos. La única promoción que tiene a punto de acabar en Sevilla capital está ubicada en San Bernardo pero se trata de pisos de unos 40 metros cuadrados pensados en su día para jóvenes y personas mayores solas, por lo que muchas de las familias de la Corrala Utopía que tienen varios hijos menores no tendrían cabida. De ahí que inicialmente la Junta reclamara al Ayuntamiento que también pusiera a disposición de estas familias sus VPO vacías principalmente unas 140 pisos de Nuevo Amate, si bien desde el primer momento el Consistorio dejó claro que no iba dar prioridad a nadie sobre los demandantes inscritos en el registro por haber dado «la patada en la puerta».
Desde que el 25 de febrero la jueza ordenase ejecutar el desalojo, algunas familias han abandonado el bloque pero la mayoría se mantiene, eso sí, con sus cosas recogidas.
