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La Junta no cuenta con ningún instrumento legal para obligar a que fluya el dinero

El Gobierno andaluz no tiene ningún instrumento legal para empujar a bancos y cajas a prestar dinero. En los últimos 20 días asegura que se ha producido un apertura "parcial" del crédito, pero la patronal lo niega. Las cajas piden tiempo para que el dinero inyectado llegue a los ciudadanos, que desconfían de que los políticos auxilien a la banca.

el 15 sep 2009 / 21:40 h.

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I. Morillo / I. Carretero

El Gobierno andaluz no tiene ningún instrumento legal para empujar a bancos y cajas a prestar dinero. En los últimos 20 días asegura que se ha producido un apertura "parcial" del crédito, pero la patronal lo niega. Las cajas piden tiempo para que el dinero inyectado llegue a los ciudadanos, que desconfían de que los políticos auxilien a la banca.

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, ha dado un ultimátum a la banca. Pero más allá de aprovechar los micrófonos para meter presión, la Junta no tiene ningún instrumento legal para forzar al sistema financiero andaluz a que deje correr el dinero. El Ejecutivo subraya que la ley de cajas le otorga la tutela sobre las entidades, pero ningún margen para influir sobre decisiones en las que debe mandar el mercado. Eso sí, recuerda que en los consejos de las cajas los partidos tienen sentados a sus representantes.

La Junta firmó hace dos meses un acuerdo con 33 bancos y cajas para financiar con 9.550 millones el Plan de VPO. El vicesecretario general del PSOE-A, Luis Pizarro, señala que hay "una petición directa a los responsables de las cajas" y que existe "una coordinación interna" que se activa ante cualquier limitación al crédito. "No existe ningún instrumento jurídico más allá de la presión", indica Pizarro, que constata que la Consejería de Vivienda, a través de sus delegaciones y en coordinación con los alcaldes, trabaja en cuanto surge un problema. "Si no se facilita crédito a una promotora con una obra certificada por la Junta funciona la coordinación interna", dice el dos del PSOE-A, "se llama a la entidad".

"Eso funciona", agrega Pizarro, convencido de que las cajas están "abriendo un poco más la mano". El consejero de Innovación, Francisco Vallejo, aseguró esta semana que en este mes ha habido un cambio de rumbo, aún "parcial".

La patronal andaluza de la construcción, Fadeco, lo niega. Están "estrangulando y asfixiando de forma grave" al sector, denuncia. Demandan a la Junta medidas contundentes. Lo mismo que los ciudadanos, que rechazan la ayuda a la banca. El 43% de andaluces está en contra, según el Barómetro del IESA-CSIC.

El secretario de Economía del PSOE-A, Antonio Gutiérrez Limones, admite una reflexión en su partido: "Si son los bancos los que nos han llevado a esta crisis ¿cómo vamos a seguir confíandole el dinero de los contribuyentes?". "El debate está abierto", agrega, a pesar de que el Gobierno dice que seguirá ayudando al sector. En su opinión "hace falta un instrumento financiero del Estado que canalice el dinero si no fluye la liquidez". Apunta a la nacionalización de un banco, con el Gobierno entrando en el accionariado de una entidad. En el caso andaluz pide "acelerar las fusiones para tener un instrumento potente".

Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, asegura -en contra de lo que alegan las entidades- que los bancos han reducido su oferta de crédito "porque todos los fondos que captan los utilizan para tratar de salvar sus balances". "Los bancos han dejado de desempeñar la función a la que teóricamente están llamados: en lugar de dar combustible, prácticamente roban el que hay en la economía".

El catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada, Santiago Carbó, exige prudencia. Defiende que "las entidades son las primeras interesadas en que vuelva a fluir el crédito" y denuncia "un debate excesivo" de este punto. "No es bueno que los partidos presionen" porque "las entidades son privadas, también las cajas". A su juicio existe "un elevado riesgo" en el mercado" y la inyección de dinero público no es la panacea. La solución puede pasar porque "una parte de ese riesgo lo asuma el Estado". En círculos del Gobierno, informa, se ha barajado "crear un vehículo, un fondo o un banco, que se quede a cesión o compre a descuento los activos más problemáticos". Podría ser un ente autonómico que compre los activos dañados de las cajas.

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