"A Andalucía no le queda más grasa para seguir adelgazando. Ya no sobran cosas superfluas. Todas las partidas [del Presupuesto] están sujetas a revisión. No podemos estar tranquilos, porque las cifras [del Estado] son alarmantes. La Junta no avanzó ayer datos concretos sobre cómo será el Presupuesto autonómico del año que viene, pero fue preparando el estómago a los andaluces sobre lo que se nos viene encima. Según los cálculos de la Consejería de Hacienda, los Presupuestos Generales para 2014 van a retirarle a Andalucía 1.200 millones: el límite del déficit del 1% obliga a ahorrar 800 millones, y los otros 400 salen de la reducción en las transferencias de financiación del Estado a la comunidad.
Este dinero que se esfuma es con el que la Junta gestiona, en gran parte, la sanidad, la educación pública y las políticas sociales. Ahora, para mantener los pilares del Estado de Bienestar, el Gobierno andaluz tiene que buscar esos 1.200 millones en otra parte. Dado que la capacidad de Andalucía para lograr ingresos por la vía tributaria es mínima, y dado que la Junta no se plantea aumentar la carga fiscal ni crear nuevos impuestos, la única fórmula es reducir aún más el gasto, o sea, quitar de un sitio del Presupuesto para ponerlo en otro. El problema es que el ahorro en gasto público es un cuchillo sin dientes, los recortes del Gobierno central y del autonómico durante los últimos tres años lo han desgastado. No queda grasa para seguir adelgazando, dijo ayer la nueva consejera de Hacienda, María Jesús Montero, así que para salvar los servicios públicos el recorte que se avecina tendrá que tocar la fibra sensible de la Administración: la plantilla y las nóminas. Ante el desplome de la financiación del Estado para Andalucía, la responsable de dibujar el Presupuesto regional de 2014 admitió que ya no descarta cruzar algunas líneas rojas, como minorar el salario de los empleados públicos, volver a dejarles sin la paga extra de Navidad o reducir empleos en la Administración y entes adscritos. Ninguna de estas opciones está tomada aún, pero las cifras del Estado son tan alarmantes, que Montero no quiso retirar ninguna posibilidad. Los 200.000 empleados públicos andaluces ya saben que sus sueldos seguirán congelados en 2014.
El Gobierno andaluz se plantea todo. Cuando uno tiene que hacer un Presupuesto teniendo en cuenta todo el gasto que hay que desmontar, revisa todas las partidas. Hay que quitar del gasto, por el camino más corto, 1.200 millones, así que todos los capítulos del Presupuesto están sujetos a revisión. Dígame si no de dónde desmontamos este importe, zanjó Montero. El reto de las cuentas andaluzas es el mismo que el del año pasado, pero más difícil todavía porque ya existe un brutal ajuste en los servicios públicos que no se va a recuperar. La Junta se compromete a que no disminuyan las prestaciones, que no se cierren escuelas ni centros de salud y que no privaticemos. Éstas serán las premisas del Presupuesto, dijo la consejera, y que se pierda lo menor posible de empleo público, sentenció. En esta última frase hay una concesión que hace un año no existía. O al menos nadie la expresó así, porque en el último año Andalucía perdió más de 16.000 empleados públicos, según datos del Ministerio de Hacienda, la mayoría en sanidad y educación. Este recorte de plantilla se debe, en parte, a las medidas de ahorro que adoptó el Gobierno hace dos años, y al límite de la tasa de reposición del 10%, que impide a las comunidades sustituir a nueve de cada diez profesores y sanitarios jubilados. La medida, que atenaza la contratación pública, vuelve a estar en vigor en 2014.
Montero sí confirmó un pronóstico concreto: la inversión pública prácticamente se extinguirá del futuro presupuesto, será el capítulo más dañado, como lo fue el año pasado y el anterior. En el presente ejercicio, la partida de infraestructuras cayó un 20% respecto al año anterior, quedándose en niveles esqueléticos (3.814,1 millones). Desde que comenzó la crisis, la obra pública se ha desplomado más de un 60%.
Andalucía cifra en 2.247 millones la deuda estatal en inversiones Hacienda cifró ayer en 2.247 millones la deuda acumulada por incumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto, que establece que la inversión estatal en la comunidad será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado, es decir, un 17,9%. En los Presupuestos de 2014, el Gobierno ha consignado para Andalucía 1.697,74 millones, lo que supone un 17,3% del total, 0,6 décimas menos de lo que fija la ley (54,3 millones menos). Esta deuda junto a la de los dos años anteriores de gobiernos de Rajoy suman un déficit en inversiones presupuestadas de 743,1 millones (Montero rectificó ayer la cifra a la baja, que el día antes calculó en 840 millones). A esto se suma otra deuda de 1.504 millones correspondiente a 2008 y 2009: Zapatero reconoció por escrito ese déficit inversor, pero lo hizo tres meses antes de perder las elecciones. Rajoy no admitió esa herencia, y en ninguno de sus tres presupuestos destinó el porcentaje de inversión a Andalucía al que obliga el Estatuto.
La Junta asegura que reclamará la deuda en los tribunales, pero aún no lo ha hecho con los dos primeros presupuestos de Rajoy que incumplieron la ley. No fue hasta el mes pasado cuando la Junta presentó en la Audiencia Nacional un recurso contencioso contra el Gobierno. Pero ésta no es una reclamación del dinero del Estatuto, sino una denuncia contra Hacienda por negarle a la Junta información sobre la inversión ejecutada en los años de gobierno de Rajoy. El gabinete jurídico de la Junta ya desechó la vía del recurso al Constitucional, porque este tribunal tumbó la misma demanda de Cataluña en relación a su deuda.
La inversión por habitante en Andalucía representa el 97% de la media nacional, que se sitúa en 207,06 euros por habitante, frente a los 549,7 euros por habitante de Castilla-Leon, 486 euros de Galicia o 331 euros de Cantabria, Andalucía contará con 200,9 euros.
