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La Junta no eliminará el Defensor o la Cámara de Cuentas como pide Rajoy

El Ejecutivo central aconseja a las autonomías -no puede obligarlas- suprimir algunos organismos. El PP-A no contempla quitar instituciones blindadas por el Estatuto e IU habla de “demolición del Estado”

el 21 jun 2013 / 20:59 h.

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Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal MontoroUn “desatino”. Así de rotunda se expresó la Junta sobre la reforma de la administración que aprobó ayer el Gobierno central y en la que aconseja a las comunidades –no puede obligarlas– eliminar organismos como el Defensor del Pueblo o la Cámara de Cuentas. Andalucía no se da por aludida y no piensa suprimir órganos como sí han hecho regiones populares como Castilla La Mancha. El PP-A tampoco contempla prescindir de los dos órganos anteriormente mencionados porque “están en el Estatuto”. Los socialistas acusan a Rajoy de querer “acabar” con instituciones “esenciales” e IU critica el intento de “demolición del Estado”. El Ejecutivo plantea reformar 57 organismos públicos dependientes del Estado pero sobre todo pone deberes a las autonomías, pese a que no puede forzarlas a su cumplimiento. El Gobierno recomendará y maniobrará gracias al poder que le da la situación financiera de muchas de ellas y la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que las comunidades supriman otros 90 observatorios, eliminen todos los defensores del Pueblo autonómicos, todos los tribunales de Cuentas, las agencias de protección de datos, los órganos de defensa de la competencia y hasta los institutos de opinión. Según el Gobierno, la reforma supondrá un ahorro de 37.700 millones de euros para el conjunto de la administración. Andalucía fue muy crítica con el texto. El vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU), recordó que el Estatuto de Autonomía “salvaguarda” al Defensor y a otras instituciones de la reforma de la administraciones públicas planteada por el Gobierno, que calificó como “poda de la autonomía local y autonómica”. A la espera de “leer detenidamente” las más de 200 medidas que recoge ese informe que aprobó ayer el Consejo de Ministros, arremetió contra la “falta de diálogo” con las comunidades. “En democracia, las formas cuentan y las formas han sido dar la espalda al diálogo y la búsqueda del consenso político, tanto territorial como entre las organizaciones y fuerzas políticas”, lamentó Valderas. La consejera de Presidencia, Susana Díaz, aseguró que intuye que el Gobierno central no se referirá a Andalucía cuando hace recomendaciones a las autonomías para eliminar órganos. Defendió que en una comunidad con más de ocho millones de habitantes, hay instituciones que “son necesarias”. Díaz insistió en que la Junta desconoce íntegramente el texto aprobado en Consejo de Ministros porque la comunidad no ha participado en la redacción ni se le ha facilitado más información de la que tienen los ciudadanos. La consejera dejó claro que el Gobierno andaluz será prudente hasta conocer con detalle el texto legal, pero insistió en que esas no deberían haber sido las formas, sino que tendría que haberse contado con la participación de las comunidades en un debate de “calado, sobre qué tipo de administraciones públicas queremos y de qué manera, desde la colaboración institucional, todos podríamos haber aportado algo”. Desde el PP andaluz, la vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal, Ana María Corredera, defendió el mantenimiento del Defensor y la Cámara de Cuentas como figuras que están contempladas en el Estatuto y con las que, por tanto, su partido “seguirá contando”. Corredera advirtió de que suprimirlos “no sería posible en Andalucía porque están en el Estatuto” y que el PP-A no se plantea modificar el Estatuto porque es una norma que su partido “ha defendido y defiende”. La dirigente popular quiso aclaró que lo anunciado por el Gobierno es “sólo un informe” sobre el que “debatir” para llegar a un “consenso”. Un “nuevo recorte” // Muy críticos se mostraron socialistas e IU. El vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez, rechazó la reforma de la administración ideada por el Gobierno de la nación y que se quiera “acabar” con instituciones “esenciales”. Por ello, solicitó al Ejecutivo central que convoque la mesa del diálogo y el acuerdo con las comunidades para “empezar de cero y sin condiciones a priori”. “No nos gusta la falta de diálogo, las malas formas de un Gobierno soberbio que va camino de repetir los mismos errores que ha hecho imposible que la reforma de la administración local se haya llevado a cabo con participación de los partidos”, sostuvo. A su juicio, esta propuesta del Gobierno es “una nueva estrategia de recorte”. El director general de Administración Local de la Junta y nuevo coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, arremetió contra la “demolición del Estado” que, a su juicio, está acometiendo el Gobierno del Partido Popular “aprovechando la crisis”, y mostró su rechazo a una reforma “que ellos –el PP– dicen que va a ser dolorosa y dura, y desde Andalucía decimos que este país ya no aguanta más dolor ni más dureza”. Montoro cita a ayuntamientos y autonomías la próxima semana El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se reunirá la próxima semana con las comunidades autónomas y con las entidades locales para presentarles la parte de la reforma de las administraciones públicas que les atañe, de manera que estudien cómo incorporar los ahorros previstos en sus presupuestos y en el cumplimiento del objetivo de déficit. En concreto, el miércoles y jueves, Hacienda se reunirá con los ayuntamientos y con las comunidades en la Conferencia Nacional de Administración Local y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Parte de las medidas de racionalización de la administración que persigue el Gobierno debe ser aplicada por las entidades territoriales y el ministerio les trasladará las propuestas. Montoro advirtió el jueves a las comunidades autónomas de que en la negociación de los objetivos de déficit se “valorarᔠsi han asumido las propuestas sobre duplicidades, simplificación administrativa y reducción de organismos públicos que están incluidas en la reforma de las administraciones públicas. Eso será determinante a la hora de fijar el objetivo de déficit, dijo.

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