El Gobierno andaluz mantiene la «vocación» de cerrar un presupuesto al alza el año que viene, pero este viernes quiso dejar claro que será difícil, y que si lo consigue, lo habrá hecho a pesar de la merma de ingresos que llegarán desde Madrid. En 2015, las transferencias del Estado para Andalucía se verán minoradas en 606 millones de euros, según el cálculo de la consejera de Hacienda, María Jesús Montero. Esto complicará el cuadrar las cuentas del año próximo sin recortar el gasto en educación, sanidad y políticas sociales, pero la Junta confía compensar la pérdida de ingresos del Estado con los fondos propios que logre a través de sus impuestos (se prevé mayor recaudación), con fondos europeos y, sobre todo, con la perspectiva de crecimiento de la economía andaluza. La situación es la misma que la del año pasado, sólo que entonces los ingresos del Estado cayeron en 1.200 millones menos, y la Junta logró «reducir el impacto» hasta dejarlo en 700 millones gracias a fuentes de financiación propias. «Vamos a trabajar en un presupuesto que anule esa menor financiación del Gobierno», anunció la consejera.
La gran baza del Ejecutivo de Susana Díaz es la tendencia al alza de la economía andaluza. Montero no ofreció datos propios que avalen esa previsión, pero ya hay varios informes de entidades financieras que pronostican un repunte del PIB. Analistas Económicos, el servicio de estudios de Unicaja, auguró hace días que la economía regional crecerá un 1,1% en 2014, repunte que «se consolidará en 2015». Este mismo viernes, la revista Coyuntura Económica, editada por la Junta, publicó que la tendencia al alza de la economía en la región «se afianzará», tras haber registrado un aumento del PIB del 0,7% en el primer trimestre del año, encadenando tres subidas consecutivas. Este dato casi duplica el incremento en el conjunto de la economía española (0,4 %) y triplica el de la Eurozona (0,2 %). Por eso, Montero fue tajante este viernes al afirmar que, pese a la caída de ingresos del Estado, «no se aprobarán nuevos recortes a las políticas públicas el año que viene, no se subirán impuestos ni se barajan nuevas tasas», es más, se mantiene el compromiso de devolver las pagas extra íntegras a los empleados públicos (un gasto de 320 millones que ya forma parte del anteproyecto de ley de presupuestos). Lo que no está tan claro es que los 2.000 sanitarios con contratos eventuales a los que se les redujo la jornada y el sueldo al 75% como medida de ahorro vayan a recuperar el 100% de su nómina el año que viene. Esta medida es prioritaria para IU en la negociación de las cuentas de 2015. El socio de Gobierno instó a la presidenta Susana Díaz a que se comprometiera a reponer la jornada completa a los eventuales del SAS durante la última sesión de control al Gobierno en el Parlamento. Díaz se limitó a responder que su voluntad era ésa, pero la consejera de Hacienda evitó ayer poner la mano en el fuego por la medida, en cambio no dejó lugar a dudas respecto a la extra de los funcionarios.
Montero fue «optimista» con el diseño de los próximos presupuestos, pero también cautelosa. Se distanció de las declaraciones del vicepresidente Diego Valderas, que hace unas semanas vaticinó que las cuentas serían «expansivas» (incluso llegó a cifrar el crecimiento entre el 2 y el 3%), y condicionó todo el capítulo de gasto al comportamiento de la economía y a la recaudación de los tributos en julio, agosto, septiembre y octubre. «Yo hago el presupuesto y nunca he usado la palabra expansivo», advirtió.
Guerra de cifras. El Consejo de Gobierno escuchó ayer el balance que Montero hizo tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del día anterior. La explicación que ofreció a posteriori fue un complejo mapa de números en el que las cuentas de la Junta discrepan en muchos millones con las que aportó el Ministerio de Hacienda 24 horas antes. El departamento de Cristóbal Montoro sostiene que Andalucía contará con 502 millones más el año que viene, 295 del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y 342,25 de la liquidación negativa de ejercicios anteriores. Montoro reconoció que las entregas a cuenta para Andalucía (el dinero que recibe del Estado por la recaudación de impuestos en la comunidad) decrecerá en 135 millones, un 4,75% menos que este año. Pero la Junta no lo ve así. Por de pronto, discrepa sobre la caída de ingresos, que eleva hasta los 214 millones, porque incluye los otros 79 que el Gobierno «ha quitado del presupuesto de este año», correspondiente a la liquidación final del ejercicio 2012.
En conjunto, Andalucía dejará de percibir 606 millones, 392,3 millones porque se agudiza el límite del déficit en 2015 (0,7% del PIB) y otros 214 por la caída de ingresos. Además la consejera acusa a Montoro de haber hecho «trampas» en el cálculo, al no computar el dinero de la liquidación negativa de ejercicios anteriores: 426 millones que se retrotraen de las arcas andaluzas por la liquidación negativa de 2013. La consejería ha solicitado por carta al Ministerio que autorice el pago aplazado a 20 años de este dinero, y que no compute como deuda (esto ya lo hizo el Gobierno de Zapatero respecto a la liquidación de los ejercicios 2008 y 2009). Si accediera (cosa poco probable), Andalucía contaría con 426 millones más de gasto en 2015, y la minoración de las transferencias del Estado se reducirían a 100 millones.
Respecto a la refinanciación del FLA, la Junta aceptará las condiciones del Ministerio para poder beneficiarse de la rebaja del 1% en los tipos de interés, lo cual le reportará una inyección de liquidez de 73 millones en 2014 y 295 millones en 2015. La condición para recibir el dinero es ponerse al día en el pago de la deuda a proveedores. A día de hoy, dijo Montero, el 85% de esa deuda está abonada. No aclaró cuánto retraso acumula ni con qué proveedores, aunque sí explicó que se prioriza el pago a pymes sobre las grandes empresas. La consejera admitió que la rebaja de intereses del FLA «alivia» los problemas de tesorería de la Junta, pero añadió que se trata de una «tirita» que no cierra la «hemorragia» financiera de la comunidad.
El problema de fondo, dice, son los 3.500 millones que Andalucía reclama al Gobierno por la «mala aplicación del modelo de financiación». Rajoy confirmó ayer que, pese a la insistencia de algunas comunidades, la reforma de este sistema no se abordará en esta legislatura.
