La Junta de Andalucía no contemplará recortes económicos en sus presupuestos para 2010 en el apartado de desarrollo de la Ley de Dependencia.
En declaraciones a los periodistas, la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, ha asegurado hoy, antes de participar en Córdoba en el Congreso Internacional "La protección de las personas mayores: apoyo familiar y prestaciones sociales", que "no habrá ningún tipo de recorte en todo lo que signifique extensión del derecho que reconoce la Ley de Dependencia", al igual que "no se ha cerrado ningún colegio u hospital a pesar de la situación económica".
En este sentido, Navarro ha indicado que cuando se habla de desarrollo de Ley de Dependencia, se habla del desarrollo de derechos "y el presupuesto se adaptará al número de personas que haya que atender".
La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social ha informado de que actualmente unas 150.000 personas mayores andaluzas reciben algún tipo de prestación gracias a dicha normativa, lo que "pone de manifiesto la voluntad política de cumplir con lo que dice esta ley".
Asimismo, ha resaltado la importancia de este congreso porque "necesitamos que la sociedad empiece a debatir y conocer la normativa y legislación que existe para proteger a los derechos" del colectivo de mayores.
Navarro ha argumentado la importancia de ese debate para que la sociedad sea consciente de que "se tiene que producir un cambio y un efecto pedagógico, para darnos cuenta de que, en muchos casos, muchas personas mayores tienen una falta de atención manifiesta".
En cifras, la máxima responsable de esta Consejería ha detallado que el servicio de Orientación Jurídica de la Junta para Personas mayores ha atendido 16.240 consultas realizadas por más de 8.500 usuarios mientras que vivienda y sucesiones son los asuntos más consultados, desde que este programa se puso en marcha en 2003.
Este servicio consiste en un atención individualizada a los mayores sobre las dudas de carácter jurídico que se les puedan plantear en el desarrollo de su vida cotidiana.
Navarro también ha dado a conocer que el Teléfono de Atención a las Personas Mayores de Andalucía recibió 2.806 llamadas durante el primer semestre de 2009, de las cuales 621 denunciaban casos de presuntos malos tratos a mayores.
Así, en el caso concreto de las denuncias por un supuesto maltrato, el 60,6 por ciento las hicieron personas que guardaron el anonimato; el 17,6 por ciento eran familiares de la víctima; el 14,1 por ciento las propias personas mayores que consideran que sus derechos han sido vulnerados y el 7,7 por ciento, personas que no tenían parentesco con las víctimas.
Las denuncias mayoritarias durante el primer semestre de este año se debieron a una negligencia o abandono de la persona mayor, que ascendieron a 333 y que supusieron el 53,7 por ciento de los casos.
Les siguen los malos tratos psicológicos, los malos tratos físicos y otras tipologías como la utilización no autorizada o ilegal de fondos, propiedades o recursos de la persona mayor.
Por último, el perfil medio de la persona mayor en riesgo de maltrato es el de una mujer viuda, de 75 años, que padece alguna enfermedad crónica o demencia mientras que el maltratador suele ser un familiar con antecedentes de violencia doméstica y puede sufrir alguna drogodependencia.
