R.Velis / I. Comesaña / D.Cela
La Junta no ha pedido a la Fiscalía de Sevilla, pese a sus competencias en protección de menores, que la ayude a gestionar el serio conflicto social creado por la huida a un descampado de 35 familias del Polígono Sur tras un tiroteo, entre las que hay un centenar largo de niños que llevan 42 días sin escolarizar.
La Fiscalía, a la que no sólo corresponde reprimir los delitos -con sanciones a los padres- sino que con los menores tiene la obligación de velar por sus derechos desde que se detectan los primeros indicios de conflicto, no ha sido informada de que un grupo de más de cien niños atraviesa esa situación, según fuentes del Ministerio Público. De tener, tendrá expedientes aislados de algunas familias, pero ningún aviso sobre la gravedad de la situación general desatada hace 42 días, a pesar de que en Educación la alarma debe saltar por imperativo legal tras cinco días sin ir a clase.
No es ya que 300 personas lleven mes y medio viviendo al raso en un descampado, bajo endebles chabolas, sin luz, agua, medicina para los ancianos o comida para los bebés. Es que se está viniendo abajo la labor educativa seguida con un centenar de niños en el Polígono Sur durante dos años, y alumnos que con mucho esfuerzo docente habían superado el absentismo vuelven a faltar a clase.
Casi 80 niños que estaban matriculados en los colegios de las Tres Mil Viviendas no se han dado de baja en estas escuelas -cuando un niño cambia de colegio, un sistema informático registra automáticamente el nombre del nuevo centro al que ha ido-. Pero los colegios donde estaban han dejado de grabar las ausencias diarias, porque Educación convocó a los directores hace un mes y les comunicó que el asunto se estaba tratando de forma integral, no sólo para encontrar una solución a los niños, sino también a sus familias. Éstas escaparon del Polígono Sur por miedo a represalias tras la implicación de miembros de estas familias en la muerte de un joven del barrio a causa de un disparo.
De haber seguido el procedimiento habitual, la Fiscalía de Menores ya habría tenido constancia de lo ocurrido y se habría puesto en contacto con los colegios. Educación y Bienestar Social, las administraciones que median entre las escuelas y el Ministerio Fiscal, aún no han dado parte de la gravedad del asunto. Entretanto, la Policía Autonómica vigila el descampado donde han montado las chabolas y pasan lista a los chavales para estar seguros de que aún siguen todos allí.
Educador voluntario. El educador de calle Jorge Morillo, que trata de socializar a través del fútbol a niños chabolistas, trabaja desde hace 10 años con 70 críos de estas familias, llegadas del poblado de Los Bermejales en 2004 tras recibir dinero del Consistorio con el que compraron pisos en el Polígono Sur, sin llegar a integrarse. Morillo trasladó allí su terapia deportiva, y ahora ha vuelto a hacerlo y quiere ir a jugar al fútbol al descampado, aunque deberá habilitar un lugar entre la maleza. De paso les lleva comida del Banco de Alimentos. Morillo, que también trabaja con El Vacie y Torreblanca, asegura: "Es lo peor que he visto en 25 años. El peligro de infecciones es enorme y están desesperanzados".
