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La Junta descarta de plano que el Estado frene la ley antidesahucios

Ávila apela al blindaje jurídico “impecable” de la ley, pese a las dudas que vierte la UE. Bruselas: “La carta a España es un requerimiento de información de perfil bajo, no es una conminatoria”

el 11 may 2013 / 12:32 h.

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33 El consejero de Economía, Antonio Ávila, conversa con el presidente José Antonio Griñán. El consejero de Economía, Antonio Ávila, conversa con el presidente Griñán. Dos días después de que se filtrase una carta de la Comisión Europea al Ministerio español de Economía donde, al parecer, se vierten dudas respecto al decreto-ley antidesahucios, ni el consejero andaluz de Economía, Antonio Ávila, ni la titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, han visto el contenido de la misiva, ni han mantenido una conversación con algún portavoz europeo o del Gobierno central. Ambos declararon ayer no tener constancia de la existencia de esa carta. Sin embargo, a raíz de ésta, el Ejecutivo de Rajoy estudia una vía legal para frenar el decreto-ley, que lleva un mes en vigor, y la Junta cuestiona que el mensaje que viene de Bruselas sea el que dice la filtración. La madeja entre dos gobiernos enfrentados se ha enredado en menos de 24 horas, sin que por ahora haya trascendido el contenido de la carta. Un portavoz de la UE confirmó ayer a este periódico que la misiva existe, y que se trata de “un requerimiento ordinario de información al Gobierno de España en el marco del seguimiento del memorando de entendimiento para el rescate de la banca española”. “No es una carta conminatoria, es de perfil bajo, pero la interpretación que decida hacer el Gobierno de España a raíz de una filtración interesada no compete a Bruselas”, explican estas fuentes. Sin la carta por delante es difícil plantear el alcance de la misma, pero ha bastado para que Rajoy amague con presentar un recurso ante el Constitucional –una posibilidad que descartó de plano hace un mes– y para que Griñán responda que, si el mensaje es el que se ha dado, “Europa no merece la pena”. En cualquier caso, el titular andaluz de Economía, Antonio Ávila, quiso dejar claro ayer que la Junta no teme “en absoluto” la paralización del decreto que permite expropiar a los bancos viviendas si una familia está a punto de ser desahuciada. Esta norma, dijo, “cuenta con una fuerza política y una gran aceptación ciudadana, además de un trabajo de arquitectura jurídica impecable”. Aguayo se limitó a apuntar que “le gustaría conocer la carta”. Una reacción distinta fue la del presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, que ayer exigió a Griñán que “rectifique de inmediato su ataque a Europa” y reconozca que sus declaraciones son “un error lamentable que pone en riesgo la credibilidad de Andalucía y nos puede costar caro”. “Un presidente antisistema aboca a nuestra comunidad al descrédito internacional y nos hunde en la crisis”, remachó. Los populares tuvieron ayer un acto público en Málaga en el que no aceptaron preguntas de los periodistas. La respuesta de Zoido vino en un comunicado que se remitió a los medios y en el que se apunta a la “irresponsabilidad y la soberbia demostrada por Griñán al cuestionar los beneficios indiscutibles que significa la UE para Andalucía”. El número dos de la ministra Ana Mato, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla, también cargó contra la Junta porque, dijo, su decisión “ha sido alejarse absolutamente de Europa, de no entender Europa, de decir que está fuera de Europa”, informa Europa Press. El decreto-ley antidesahucios ha sido convalidado esta semana en el Parlamento sin que ningún grupo (incluído el PP-A) votara en contra. El próximo sábado expira el plazo para que los bancos entreguen a la Junta el censo de VPO vacías que poseen. La ley permitirá multar con hasta 9.000 euros a los bancos que tengan casas vacías y se nieguen a sacarlas en alquiler a precios baratos.

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