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La Junta no ve relevancia penal en los datos que le pide la jueza Alaya

Asegura que la magistrada "confunde los conceptos de ayuda ilegal y ayuda incompatible" y critica el "uso" del PP del caso

el 15 feb 2012 / 20:09 h.

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La jueza Mercedes Alaya.

Nuevo enfrentamiento de la Junta con la jueza Mercedes Alaya, que investiga la supuesta trama de ayudas públicas otorgadas de forma aleatoria y sin procedimiento alguno. El Gobierno andaluz cuestionó ayer la "relevancia penal" de los datos que le pide la magistrada sobre las subvenciones de Estado concedidas a empresas, en las que, según apunta la instructora en su último auto, la Junta pudo "idear" un sistema para eludir los mecanismos de control de la Unión Europea. De ser así, continúa la jueza, "podría generar responsabilidad para España como Estado miembro".


El Ejecutivo andaluz considera, en un comunicado, que, a efectos de investigación, se puede cuestionar la relevancia del cumplimiento o no de la obligación de comunicar las ayudas a la Comisión Europea por varios motivos: el primero, porque puede estar sujeta a reglamento de exención. También argumenta que la consideración de que una ayuda es ilegal no implica que la subvención sea incompatible con el Tratado o que haya de ser devuelta. La tercera razón que da la Junta es que sería ilícito dar ayudas con la intención de enriquecer a determinadas personas y que en este caso no ha sido así.


La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, aseguró que el último auto se circunscribe "exclusivamente" a la Dirección General de Trabajo, en concreto a la conocida como partida presupuestaria 31L, foco de las ayudas bajo sospecha. Confesó que están "muy sorprendidos" por la interpretación que se da a los autos de la jueza. Según Moreno, "la investigación está focalizada en un grupo de ayudas que desgraciadamente no se administraron bien y se ha cometido fraude pero nos sorprende esa interpretación extensiva que se está realizando y con la que no estamos de acuerdo. No se puede generalizar a toda la Junta", dijo. Eso es lo que precisamente hace el PP cada semana, extender las sospechas a todas las partidas liberadas por el Gobierno andaluz y a todas las consejerías. Moreno criticó el "uso" que hace de la investigación el PP, "que se está intentando escudar en los ERE para no hablar de otras cuestiones". El titular de Empleo, Manuel Recio, insistió en que el Gobierno "colabora con la UE de forma estrecha".
El gabinete jurídico de la Junta está estudiando en estos momentos el nuevo auto y afirma que se atenderán, "como siempre, las indicaciones del juzgado con la máxima diligencia y colaboración". No obstante, el Gobierno andaluz quiso hacer una serie de apreciaciones al respecto, como, por ejemplo, que "no toda ayuda es ayuda a empresa y, en consecuencia, ayuda de Estado". Explicó que las ayudas destinadas al abono de las pólizas de prejubilación de trabajadores despedidos no constituyen ayuda de Estado, puesto que tienen como destinatarios a los trabajadores y no a las empresas.


Recuerda, por ejemplo, la decisión de la Comisión Europea de 23 de marzo de 2011 sobre Reestructuración de A Novo Comlink y que el Tratado de Funcionamiento de la UE lo que prohíbe son las ayudas que "falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones". Asimismo, la Junta pone de manifiesto que "no sólo existe la excepción del régimen de minimis a la prohibición de ayudas por la Unión Europea" y apunta que es posible conceder este tipo de ayudas si se cumplen determinadas condiciones detalladas en la normativa comunitaria.


aclaración. El Ejecutivo de José Antonio Griñán también estima que en el auto de la jueza "se confunden los conceptos de ayuda ilegal y de ayuda incompatible". Señaló que la normativa comunitaria prevé que cuando se defina que una medida es ilegal, la Comisión puede llegar a tres conclusiones: "que la medida no es ayuda de Estado, que la medida es ayuda de Estado pero es compatible o que no es compatible con el mercado común" y "sólo en este último caso cabe la obligación de devolver el dinero".


Según la administración autonómica, examinar la compatibilidad o incompatibilidad con el Tratado es una tarea que "corresponde a la Comisión Europea, que es quien privativamente puede decidir sobre tal extremo" y señala que puede haber ayudas "ilegales declaradas compatibles que no comportan obligación de restitución y ayudas legales declaradas incompatibles que obligan a su devolución". Para la Junta, Alaya "presume, sin más, que la falta de notificación comportaría automáticamente la obligación de reintegro, siendo así que dicha consecuencia no está prevista por la legislación comunitaria".

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