En unos términos excesivamente duros -tales como cerrar a golpe y porrazo, actitud irresponsable y apresurada, deslealtad institucional y guiarse por intereses particulares y no generales-, la Delegación de Fomento envió ayer a Plaza Nueva un requerimiento oficial para que el Ayuntamiento desistiera de clausurar la estación de autobuses del Prado, que estaba previsto para el 1 de enero. Casi con las campanadas, los usuarios de la terminal (alrededor de 1.800 diarios) pudieron por fin saber que no habría cambio alguno, puesto que el alcalde, Juan Ignacio Zoido, aceptó esa negativa de la Junta de Andalucía y de una Consejería, la de Fomento, en manos de IU.
Pero el Ayuntamiento no desiste y ayer volvió a pedir una reunión para abordar el cierre, alegando la baja actividad del Prado y el coste desmesurado para el bolsillo de los contribuyentes sevillanos. Es más, fuentes del equipo de Zoido dijeron que esperaban semejante encuentro desde que, en octubre pasado, mantuvieran el primero. Entonces, la Junta reclamó una petición oficial al respecto y hace una semana, con la polémica creciendo -oposición de PSOE y sobre todo de Izquierda Unida, que hicieron efectiva su alianza en el Parlamento regional para que éste aprobara una proposición no de ley que instaba a Zoido a cejar de sus intenciones-, exigió información adicional sobre las justificaciones del cierre y las implicaciones que tendría en las paradas y en el trasiego de los viajeros. Como telón de fondo, la confrontación política.
A juicio de Granada Santos, delegada territorial de Fomento y Vivienda, "con el cierre acordado de forma opaca, inflexible y repentina, Sevilla perdería un núcleo fundamental de su sistema de movilidad y un enlace intermodal con la Línea 1 del Metro, desmontando un pilar esencial de su privilegiada estructura policéntrica". Y se pregunta qué modelo de movilidad tiene el Gobierno local, "si es que tiene alguno, cuando haciendo un uso de sus competencias completamente y ajeno al interés general decide cerrar de golpe y porrazo una estación tan bien ubicada y conectada sin explicar los motivos ni las alternativas".
Santos sostiene que el Ayuntamiento -dueño del edificio de la estación- sólo le había dado una información "somera" de las paradas alternativas "desoyendo hasta dos reclamaciones de información realizadas por la Consejería", que tiene la competencia en transporte por carretera.
En la notificación, Fomento argumenta que el cerrojazo "origina perjuicios" a quienes recurren asiduamente al transporte intermunicipal, tales como la "pérdida de seguridad, accesibilidad y comodidad propias del Prado". "Dicho interés general debe prevalecer sobre otros intereses particulares" que el Consistorio de Sevilla "pretenda satisfacer", en velada referencia al proyecto de ubicar en el edificio la terminal de los autobuses turísticos de empresas privadas que llegan a la ciudad.
Y concluye. "Un examen social y territorialmente racional debería bastar para que el Ayuntamiento diera marcha atrás y no sacrificase de esta forma apresurada y sin transparencia una estación tan privilegiada e insustituible".
Desde Plaza Nueva la versión es muy distinta, al insistir en que se dio información "verbal" detallada de las paradas alternativas y del impacto sobre el tráfico en el entorno de la estación de Plaza de Armas, donde irían las líneas interprovinciales, y de la avenida de Portugal y paseo de las Delicias (frente al Palacio de San Telmo), lugares para las paradas de los autobuses interurbanos.
Y el documento enviado a Fomento habla de 1.800 usuarios diarios y 103 expediciones (rutas de autobuses), niega desprotección para los viajeros de líneas interurbanas -ejemplo, los Amarillos- porque sus terminales tendrían marquesinas y rechaza afección en el tráfico de la avenida de Portugal (son 48 autobuses al día), donde incluso mejoraría el tráfico con la eliminación de los buses turísticos, o en el de Plaza de Armas (77 al día).
Desde el Ayuntamiento indican que no quieren confrontación pero que seguirán reclamando el cierre y el traslado.
