No hace tanto, el ciudadano que iba al banco a pedir una hipoteca salía sin problemas con el dinero del piso bajo el brazo y un pico más para arreglar la vivienda o incluso cambiar el coche. Los bancos daban créditos fácilmente y los ciudadanos estampaban su firma en documentos de los que ni leían la letra pequeña. De aquellos barros, estos lodos. 80.000 desahuciados en Andalucía y verdaderas tragedias humanas. Años más tarde, el Gobierno andaluz arrancó ayer la tramitación de una ley que trata de proteger a los ciudadanos frente a las hipotecas con cláusulas abusivas y que implica a notarios y registradores de la propiedad, con posibilidad de que sean sancionados. El proyecto de ley, que según se comprometió ayer el Gobierno saldrá del Parlamento antes de que acabe febrero, es reivindicado por Izquierda Unida, socios del PSOE en la Junta, como una segunda parte de la ley de función social de la vivienda, que fue recurrida y frenada ante el Constitucional por el Gobierno central y que frenaba los desahucios en casos extremos y proponía multas para las viviendas vacías en manos de los bancos.
El vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, presentó ayer el anteproyecto de la ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria sobre la vivienda. Bajo ese extenso título se refuerza la obligación de las entidades financieras a ser transparentes a la hora de dar información ante la firma de una hipoteca. Se protege a los avalistas, se exigen explicaciones comprensibles para quienes vayan a suscribir el crédito y se obligará a los bancos a facilitar ofertas que permitan comparar sin letra pequeña entre varias entidades. La norma crea un Índice de Documentos de Entrega Preceptiva, que reunirá la información obligatoria que deberán de dar al cliente. Y se refuerzan las garantías para el ciudadano en el periodo de negociación de la hipoteca, fijando un plazo de un mes mínimo en el que la oferta del banco seguirá en vigor. La Junta creará un contrato tipo de confianza, que podrá servir de guía.
Junto a estas medidas previas a la firma del contrato hipotecario, la ley elevará las sanciones previstas para los bancos que incumplan, aumentando las cuantías desde los 250 hasta los 600.000 euros. Actualmente están en una horquilla entre 200 y 400.000 euros. Junto a las sanciones se incluirán multas coercitivas y se regulará la indemnización de daños y perjuicios al consumidor y la reparación de daños. Las indemnizaciones, aclaró la Junta, se deberán regular en otra norma.
Entre las principales novedades de esta futura norma se encuentra la obligación de los notarios y los registradores de la propiedad de examinar que en los contratos no haya cláusulas abusivas y de haberlas, denunciarlas ante la Junta y ponerlas en conocimiento del ciudadano. Su papel será fundamental, según Valderas. El vicepresidente andaluz aclaró que los notarios estarán obligados por la ley y, por tanto, en condición de ser denunciados si la incumplen.
La Junta defendió la plena constitucionalidad de la norma y confió en que no acabe en los tribunales, como ha ocurrido con la ley antidesahucios. El dirigente de IU defendió que la futura norma de protección frente a las hipotecas ha sido negociada y consensuada con todos los sectores afectados, aunque no aclaró si bancos, notarios y registradores están de acuerdo.
En Andalucía desde 2011 a 2013 se han firmado 225.000 hipotecas, 30.000 hasta julio del año actual. La norma que se aprobará en el Parlamento y que ayer arrancó su tramitación no tendrá carácter retroactivo.
El Ejecutivo andaluz, que se ha marcado el propósito de no permitir que la agenda política en la comunidad se ciña al caso de presunta corrupción de los ERE, volvió ayer al discurso de un Gobierno que pasa a la ofensiva y se pone del lado de los ciudadanos y las víctimas de la crisis frente a grandes poderes como la banca. Es una norma que va a evitar sufrimiento y empobrecimiento, proclamó Valderas.
La norma andaluza recoge las directivas europeas dictadas sobre los contratos hipotecarios. Solo una comunidad, Madrid, ha legislado en esta materia, pero según subrayó ayer la Junta en sentido contrario a lo que hará Andalucía.
