Cuatro minutos de reloj. El abogado que representó ayer al Gobierno andaluz entró en el despacho de la jueza Mercedes Alaya a las 14.33, entregó un portafolio y salió a las 14.37 horas. La respuesta de la Junta a la citación judicial estaba clara, porque no ha variado ni un ápice del acuerdo del Consejo de Gobierno de la semana pasada: la jueza reclamó las actas de todos los Consejos de Gobierno de los últimos diez años para seguir investigando el presunto fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos. La Junta respondió entonces, y ratificó ayer, que no entregará las actas en bruto, pues contienen deliberaciones políticas de carácter secreto, pero se ofrece a extraer de ellas "las certificaciones de acuerdos concretos que sean relevantes" para la investigación.
"Ante la imposibilidad legal de levantar el carácter reservado de las actas del Gobierno, se ratifica el ofrecimiento de vías alternativas", explicaron ayer desde la Consejería de Presidencia. La Junta le hizo llegar el mensaje a Alaya, más un aviso: En caso de que persista en su empeño de conocer el contenido íntegro de las actas, formularán un "requerimiento de incompetencia" ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Supremo, por considerar que la jueza "carece de jurisdicción para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas".
El portafolio que recibió Alaya también contenía la autorización de la Junta a sus servicios jurídicos para plantear este conflicto de competencias "en defensa de las potestades del Gobierno andaluz". En tal caso, el Alto Tribunal será quien determine si la jueza se ha extralimitado, o si la Junta está obstruyendo la investigación.
Ahora Alaya tendrá que madurar la respuesta definitiva del Gobierno andaluz. O bien ella misma eleva el caso al Supremo, o bien dicta un auto para obligar (no pedir) a la Junta a entregar las actas, en cuyo caso, sería ésta quien se acogiese al Supremo.
Reacción. Mientras la magistrada estudiaba ayer el mensaje de la Junta, el letrado esperó una hora en la sala de funcionarios judiciales que hay justo frente a la puerta de su despacho, en el juzgado de instrucción 6. Durante ese tiempo, la jueza salió dos veces y cruzó el pasillo para hablar con el joven abogado, unos diez minutos cada vez. Después el letrado, sin hacer ningún comentario, se marchó a paso ligero perseguido por los periodistas.
La reunión había despertado expectación. Se esperaban argumentos nuevos de la Junta, porque tras el Consejo de Gobierno de la semana pasada, la jueza había respondido con un auto donde acusaba a la Junta de "ocultar" información relevante. Alaya puso en duda la documentación que le enviaron y dijo que el presidente Griñán, siendo titular de Economía en la época en la que se investigan los ERE, debió conocer las irregularidades en la concesión de ayudas a empresas. En ese auto, la jueza ya respondía a los argumentos que la Junta le expuso ayer. "Si conociera qué actas son relevantes sólo pediría esas", dijo, cuando el Gobierno le pidió "acotar" la información que le interesaba.
Alaya volvió a reclamar todas las actas, aunque también concretó qué buscaba, por ejemplo, el procedimiento para conceder las ayudas de Empleo a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), donde se ha detectado el fraude, o los acuerdos de ampliación del Presupuesto para el fondo de las ayudas. La investigación de la Junta descubrió a 72 falsos prejubilados y 111 anomalías administrativas, más 150.000 folios de documentación que se le envió a la jueza.
