La Junta pagará 2.500 euros a cada empresa que fiche a un demandante del salario social

El plan prevé sacar de la bolsa de exclusión a 800 personas, con contratos de seis meses

el 10 jun 2014 / 22:21 h.

NUEVO DECRETO DE INCLUSIÓN SOCIAL BENEFICIARÁ A 160.000 ANDALUCES «Las personas no quieren ayudas, quieren un puesto de trabajo que les permita salir del círculo de exclusión». Con esta premisa, la consejera de Salud y Bienestar Social, María José Sánchez Rubio, presentó ayer la vuelta de tuerca que el Gobierno andaluz le ha dado al decreto de medidas urgentes para la inclusión social, que no llevaba ni un año en vigor. La Junta va a sustituir el salario social por un empleo. ¿Cómo? En lugar de entregar esta prestación [de 397,67 a 645 euros al mes] a familias sin ingresos, se ofrecerá un puesto de trabajo de seis meses. El Ejecutivo de Susana Díaz firmará convenios con las empresas que recluten personal de la bolsa de beneficiarios del salario social, unas 55.577 personas en la actualidad. La Junta pagará 2.500 euros a la empresa por cada contrato que haga, la empresa ofrecerá un sueldo superior al salario social más la cotización en la Seguridad Social, y el beneficiario se comprometerá por escrito con el trabajo. La consejería prevé que los primeros contratos se hagan a partir de septiembre –es complicado arrancar en los meses de verano–, con lo cual se invadiría el ejercicio presupuestario de 2015. La filosofía de esta medida es la misma que la presidenta apuntó en su discurso de investidura –sustituir subvenciones por incentivos–, pero en el decreto, que tiene una envergadura de 158 millones de euros y va dirigida a una población de 160.000 posibles beneficiarios (10.000 más que el año pasado), sólo supondrá una experiencia piloto. La consejería ha destinado dos millones a este proyecto, de modo que a lo sumo conseguiría sacar a 800 personas de una bolsa de 55.500 perceptores del salario social para darles trabajo. La propia consejera admitió lo complejo de que el plan cale en la sociedad. «Tenemos mucha ilusión por llegar a los 800, pero será complejo», dijo. Si el proyecto funciona, el año que viene la consejera prevé extenderlo a la contratación de empleo público. La nueva estrategia de la Junta para combatir la exclusión social tiene una razón de ser: el perfil del demandante del salario social ha cambiado con la crisis. Ahora hay 22.500 más que el año pasado. Los perceptores del llamado ingreso mínimo de solidaridad eran personas muy por debajo del umbral de la pobreza, casi sin hábitos laborales. Pero la noción de pobreza se ha dilatado, según los agentes sociales, y ya atrapa a cuatro de cada diez andaluces. «Cada vez se incorporan personas más cualificadas, de familias en paro y sin prestación. Son personas integrables, que sin una oportunidad de volver a trabajar podrían perderse por falta de autoestima», advirtió Sánchez Rubio. El decreto ley de inclusión social, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, se sostiene sobre tres grandes programas: el plan de inclusión a través del empleo o ayudas a la contratación, dotado con 40 millones, con el objetivo de llegar a los 25.000 puestos de trabajo con una duración de entre 15 días y 3 meses. Antes el contrato mínimo era de mil euros, y ahora se ha subido a 1.700. Estas ayudas se distribuirán a través de los ayuntamientos, y la novedad es que podrán acceder personas sujetas al régimen especial de la Seguridad Social y beneficiarios de la ayuda al empleo agrario (Profea). La Junta también va a modular las subvenciones atendiendo a los ingresos por unidad familiar, para que aquellas que tengan más miembros tengan prioridad. Los pequeños municipios también podrán acceder a este programa. En segundo lugar, el plan extraordinario de solidaridad, con un presupuesto de 11 millones, que incluye una partida de 6,5 millones destinada a los ayuntamientos para garantizar el suministro vital de las familias más necesitadas (estas ayudas cubrirán la falta de luz, agua, problemas de alquiler, alimentación, vestido...), y viene vinculada a la promesa de aprobar una moratoria energética el próximo otoño para evitar desahucios energéticos [para ello la Junta aún debe pactar con las eléctricas, algo que ya intentó sin éxito el invierno pasado]. Este dinero se gestionará a través de los ayuntamientos –en función del número de parados residente en cada municipio– que podrán percibir entre 3.900 y 52.000 euros. La partida de ayudas directas a las familias también se amplía de 1,4 a 5,9 millones. Por último, se mantiene intacto el plan de refuerzo alimentario, con tres comidas diarias para casi 21.000 niños con riesgo de malnutrición. Este programa seguirá funcionando a través de los más de 3.000 comedores escolares de Andalucía, y durante los meses estivales se mantendrá a través de las escuelas de verano para los niños más necesitados (más de 4.500 según la Junta). Serán los servicios sociales comunitarios quienes avalen el perfil de los beneficiarios. En los municipios donde no hay comedores escolares se han usado otras fórmulas, como vales de comida o convenios con economatos. Estas fórmulas, que han aplicado ONGs y ayuntamientos, se estudiarán en el Banco de Prácticas Innovadoras, por si más adelante se generalizan.

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