Los jueces de familia y fiscales de menores que orientaron a la Consejería de Educación en la elaboración del decreto que regula la convivencia en los colegios advirtieron a la administración de que "cuando un alumno es expulsado por una sanción grave, no puede quedarse físicamente en el centro escolar". Educación lo entendió, pero el profesorado no recomendaba que un estudiante, por muy díscolo que fuera, interrumpiera su proceso de formación durante un mes (periodo máximo de expulsión del colegio en caso de agresiones o demás faltas graves). Por eso, la nueva orden de convivencia, que presentó ayer el consejero Francisco Álvarez de la Chica, recoge la posibilidad de que Educación establezca convenios de colaboración con ONG (incluso con Ayuntamientos interesados) para que tutelen o atiendan a esos alumnos durante el tiempo que están expulsados. "Será algo voluntario para las familias", dijo el consejero.
La expulsión de un niño durante un mes puede desequilibrar la conciliación familiar y laboral de los padres, que no saben dónde dejar a su hijo en este tiempo. De ahí que la consejería esté buscando fórmulas para ocupar ese espacio. "La Codapa (Confederación de padres de alumnos) será la que proponga los dispositivos de atención y la que busque un espacio físico en el entorno del contexto escolar del niño. En cada caso será distinto, es todavía un debate abierto", dijo.
La orden de convivencia entra en vigor el curso que viene. Tipifica como graves el acoso escolar, el ciberacoso y la violencia de género entre alumnos, e introduce el protocolo para detectar el maltrato infantil. También estrena la figura del delegado de padres y los contratos firmados entre familias y el centro escolar para la formación del niño.
