El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, y el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Avila, acudirán este próximo miércoles a una reunión con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, donde le exigirán que rectifique el recorte de las partidas destinadas a políticas activas de empleo en 2012, a las que destina "un 27 por ciento menos que en 2011", según han señalado a Europa Press fuentes de la Administración andaluza.
Según las mismas fuentes, este recorte deja a Andalucía con casi 400 millones de euros menos que el año pasado "en el momento de más paro", de manera que los fondos destinados a Políticas Activas de Empleo en 2011 en el conjunto del país fueron 3.061,34 millones de euros mientras que en 2012 se quedan en 1.318,77 millones de euros. De ellos, a Andalucía le corresponderán 298,44 millones de euros en 2012 frente a los 692,78 millones de 2011.
Asimismo, han destacado que el Ministerio de Empleo además ha hecho "un reparto de los fondos que no respeta los criterios objetivos" acordados en Conferencia Sectorial para el periodo 2007-2013, de forma que de este reparto "salen perjudicadas las comunidades de Extremadura y Andalucía".
Así, la comunidad andaluza recibe por este sistema de reparto casi 35 millones menos de los que le corresponden, mientras que, en el caso de Extremadura, el Ministerio ha habilitado un plan extraordinario de empleo que "compensa esta pérdida".
Cabe recordar que el pasado 8 de junio, el consejero envió una carta a la ministra en la que solicitó la reunión que se va a celebrar este miércoles y en la que le reclamó para Andalucía un plan extraordinario de empleo en los mismos términos.
El recorte en las políticas activas de empleo, "en el momento de más paro y con la reducción de la prestación por desempleo a partir del sexto mes", supone, según señalan, que 1.500 técnicos de empleo a nivel nacional tengan que "abandonar las oficinas de Empleo".
De igual manera, durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó, con los votos del Partido Popular, diversas enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios contrarias a la Disposición final décimo cuarta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que establece que los promotores de empleo "realizarán su actividad en las oficinas de empleo de los Servicios Públicos de Empleo desde el 1 de febrero de 2011 hasta el 30 de junio de 2012".
Con el rechazo de las enmiendas, "el Partido Popular elimina servicios técnicos destinados a la atención a las personas desempleadas, información a las empresas y seguimiento de las actuaciones, al tiempo que ignora las iniciativas planteadas desde el Gobierno de Andalucía y de otras comunidades autónomas".
Al cesar la cobertura normativa y presupuestaria, detallan que se extinguen los contratos que hasta la fecha habían unido a los 413 promotores de empleo con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y anticipa "sorpresivamente" la extinción de estos contratos, que, debiendo haberse extinguido el 31 de diciembre de 2012, pasan a extinguirse ahora el 30 de junio de 2012.
No obstante, la Junta se ha comprometido a tramitar antes del 20 de julio y, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, nuevos contratos temporales a tiempo parcial con los 413 promotores de empleo cuyos contrarios se han extinguidos.
