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La Junta pedirá autorización al Banco de España para crear la banca pública

La entidad busca suplir la falta de crédito privado para pymes y autónomos. El proyecto de PSOE e IU necesita el visto bueno del órgano regulador y del Gobierno central.

el 06 oct 2014 / 14:13 h.

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maldonado El Gobierno andaluz va a solicitar al Banco de España la ficha bancaria para constituir la primera banca pública de una comunidad autónoma. Para registrar jurídicamente una nueva entidad financiera en España se han de cumplir ciertos requisitos: partir con un capital social mínimo que ronda los 18 millones de euros; obtener la autorización de los ministerios de Economía y de Hacienda, previo informe del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales; y someterse a la supervisión del órgano regulador –que controlará los servicios propios de una entidad de crédito– y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que vigilará los servicios de inversión. Pero antes de nada, es imperativo que el Banco de España autorice la ficha bancaria, requisito necesario para acceder a financiación externa y operar con depósitos privados. Sin ficha bancaria, no hay banco. El trámite dura un año. El llamado instituto de crédito andaluz será el instrumento con el que el Gobierno de PSOE e IU busca solucionar las dificultades de pymes y autónomos para acceder al crédito privado. El anteproyecto de ley que lo regule llegará al Consejo de Gobierno a final de mes, aunque está previsto que al principio funcione como «un ICO andaluz». En caso de que al final se formalice como banca pública, los trámites para empezar a operar en el mercado financiero son tan complejos que difícilmente estaría operativa en esta legislatura. En las últimas semanas PSOE-A e IU han discrepado públicamente sobre la estructura del nuevo ente: un banco en el sentido clásico, como el BBVA, o un órgano similar al Instituto de Crédito Oficial (ICO), que gestione todos los fondos reembolsables de la Junta (1.485 millones). Hasta ahora los socialistas han defendido sin fisuras el segundo modelo, pero ayer el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, dio a entender que habían cedido a las presiones de IU, al confirmar que «la Junta pedirá la ficha bancaria» (para funcionar como el ICO no es obligatoria esta figura). «Se va a pedir la ficha bancaria, pero el proyecto no depende sólo de la Junta, tendrá que intervenir el Banco de España, el Gobierno y otras instituciones. Hay que ser cautelosos», dijo. Esto no termina con un debate que algunos han llamado semántico, pero que en realidad es político: IU exigía hablar de banca pública, porque aspira a crear un órgano que vaya más allá de un instituto de crédito, que sea capaz de cambiar el modelo productivo andaluz. Su líder, Antonio Maíllo, condicionó su apoyo a los presupuestos autonómicos de 2015 a que saliera adelante este proyecto, que forma parte del pacto de Gobierno y está recogido en el Estatuto. En cambio, los socialistas se han mostrado (y aún lo están) recelosos con la idea por varias razones: porque ahora no hay fondos disponibles para salir al mercado con una banca que sea competitiva; porque los propietarios de las principales entidades bancarias del país que se han reunido con la presidenta Susana Díaz en los últimos meses (firmando convenios millonarios y líneas de crédito para inyectar liquidez a la Junta) no ven con buenos ojos el proyecto en un contexto en el que se tiende a la concentración de entidades (menos y más grandes); y porque temen que el Gobierno no lo autorice o lo recurra en los tribunales. Las características y objetivos del instituto de crédito andaluz quedaron plasmadas en la ponencia del grupo de trabajo que se creó en el Parlamento el año pasado. Fue el fruto de nueve meses de estudio en el que participaron expertos del mundo financiero, algunos con apoyo a la banca pública, y otros exponiendo los riesgos. PSOE e IU pactaron el documento final, del que se descolgó el PP-A al considerar que la Junta ya tiene instrumentos para financiar a pymes, como la agencia IDEA (éste es el mismo argumento que usa ahora IU para replicar a su socio que el objetivo no es un ICO andaluz, sino un banco tradicional). La ponencia recoge que el Gobierno andaluz aspira a crear una entidad con personalidad jurídica y ficha bancaria propia. El fin es inyectar a las pymes una liquidez de la que no disponen y, a la larga, potenciar el tejido productivo andaluz y cambiar el modelo económico. El capital inicial rondaría los 1.500 millones proveniente de todos los fondos reembolsables que ahora gestionan distintas agencias públicas. Éstas (muchas investigadas por la justicia por irregularidades en la gestión de subvenciones) desaparecerían tras la creación de la nueva entidad. El nacimiento de la banca pública, si llega a ocurrir, pasará por dos fases: en la primera se crearía un instituto público de crédito como sociedad anónima, que pasaría a gestionar los fondos reembolsables de la Junta que ahora tramitan las distintas consejerías para conceder créditos. En la segunda fase, dicha entidad solicitaría al Banco de España la ficha bancaria, necesaria para acceder a financiación alternativa y la captación de recursos externos, por ejemplo a través del ICO o del Banco Europeo de Inversiones, o incluso con la emisión de títulos. Si obtuviera el visto bueno, Andalucía sería la primera comunidad con una banca pública especializada, pero los expertos auguraron en el Parlamento que es difícil que esto cristalice. Desde el inicio de la crisis, el Banco de España y el Ministerio de Economía abogan por la concentración bancaria y, tras la fallida era de las cajas de ahorro, difícilmente permitirá una nueva dispersión financiera por comunidades. Sin la ficha bancaria, el proyecto quedaría anclado en la primera fase y no pasaría de ser un gestor de fondos reembolsables, como los que ya existen, pero más grande y con otro nombre. La clave de este debate político o semántico entre PSOE-A e IU está en saber si el anteproyecto de ley recogerá un plazo específico para que la Junta solicite la ficha bancaria.

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