El Gobierno andaluz ha activado todos sus altavoces contra la ley para la reforma local que el PP tiene previsto aprobar en su primer trámite en el Congreso esta semana. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de la ley del Consejo Andaluz de Concertación Local, un nuevo órgano paritario, integrado al 50% por Junta y alcaldes, que podría entrar en vigor en el primer trimestre del próximo año y que servirá como contrapunto a la norma municipal del Estado. Como ejemplo, cualquier paso que deba darse en cuanto a la devolución de competencias desde los ayuntamientos a la Junta o la supresión o fusión de municipios deberá votarse en este nuevo consejo local y contar con mayoría. El reparto de sus miembros apunta a que PSOE e IU tendrán llevarán la voz cantante a pesar de que el PP ganó en votos en las últimas municipales y gobierna en las grandes capitales. La Junta aprovechará este nuevo foro municipal para poner el altavoz contra la polémica ley que tiene previsto aprobar el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que bajo la premisa de la necesidad de recortar gastos de la administración plantea un nuevo reparto de competencias y recursos entre los ayuntamientos. La norma, que cuenta con el rechazo de todo el arco parlamentario del Congreso y que podría salir adelante únicamente con los votos del PP, propone una reducción de las competencias municipales en localidades de menos de 20.000 habitantes. Estos municipios, unos 666 en Andalucía, el 80%, devolverían competencias a las comunidades. Además la ley estatal, que para sus detractores supone modificar la arquitectura constitucional sin consenso y para sus defensores es el camino hacia una administración más eficiente y menos costosa, plantea directamente que los municipios menores de 5.000 habitantes depositen sus competencias en las Diputaciones, que saldrían reforzadas. PSOE e IU denuncian que además hay un sesgo ideológico en la futura ley, que no solo aleja los servicios de los ciudadanos en los pueblos más pequeños sino que además abre la puerta para la privatización de muchos de estos servicios básicos, como la gestión del agua. Esas privatizaciones, según cálculos del Gobierno andaluz, podrían destruir hasta 40.000 empleos municipales en Andalucía. Éste es el escenario en el que el vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Administración Local, Diego Valderas, de IU, presentó ayer la aprobación de ese nuevo Consejo Andaluz de Concertación Local. El vicepresidente aseguró que si la ley estatal sigue adelante en los términos actuales, la Junta recurrirá al Tribunal Constitucional por invasión de hasta 15 artículos del Estatuto de Autonomía. El nuevo foro de alcaldes y Junta, que estaba contemplado en la Ley de Autonomía Local, la llamada Laula aprobada en 2010, y en el mismo Estatuto, analizará las leyes, planes y asignaciones presupuestarias decididas por la Junta y que no cuenten con el respaldo de los ayuntamientos. Será un órgano de debate y deliberación, cuyas decisiones finales se adoptarán por voto y tendrán carácter vinculante. Su composición será mixta, con diez miembros del Gobierno andaluz y 10 de los ayuntamientos. Esta nueva estructura, según la Junta, no tendrá coste económicos. Sus funciones se suman a otro foro municipal, el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, formado en este caso solo por los alcaldes. Preguntado sobre si este nuevo foro solapa las funciones de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Valderas aseguró que son órganos complementarios aunque en la práctica sus funciones son muy similares. La FAMP, la versión andaluza de la Federación Española de Municipios y Provincias, vive en una situación absolutamente anómala y presa de las pugnas partidistas desde las pasadas elecciones municipales. La pelea por los sillones exhibe una de las peores caras de los políticos andaluces desde hace dos años y bloquea a la institución. El desacuerdo de PP, que se aupó a la presidencia tras la renuncia por líos internos de su anterior presidente socialista, con PSOE e IU, que quieren ostentar la representación del órgano, mantiene a este foro municipal en la parálisis y ha frenado, por ejemplo, iniciativas desde los ayuntamientos andaluces contra la reforma local del Gobierno central. Preguntado sobre si existe la tentación de que la Junta utilice este nuevo Consejo Local para anular a la FAMP, Valderas insistió en que no y confió en llegar a un consenso con el PP.
