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La Junta peleará hasta el final para que Boliden pague por el vertido de Aznalcóllar

Díaz Trillo responde al último revés del Tribunal Supremo, que devuelve el proceso judicial a la misma situación que en 2004.

el 06 dic 2011 / 12:59 h.

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La Junta de Andalucía no bajará los brazos pese a sufrir su enésimo revés judicial para intentar cobrar por los daños causados por el vertido tóxico de Boliden hace más de 13 años. El último varapalo llegó del Tribunal Supremo, que exime a Boliden del pago de cerca de 90 millones que la Junta reclamó en 2004 en concepto de los trabajos de restauración de la cuenca del río Guadiamar. El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, anunció ayer que "se peleará hasta el final para que se haga justicia" e indicó que el gabinete jurídico de la Junta está "estudiando acciones" ante la reciente sentencia del Supremo.

Díaz Trillo admitió que la sentencia, que confirma la que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2007, supone un "revés" dentro del "largo proceso jurídico". "La Junta evitó una catástrofe medioambiental, pero costó mucho dinero, por lo que creemos justo que las arcas andaluzas [y las del Ministerio, que también colaboró] se vean resarcidas con una sentencia que nos dé la razón", apostilló. Asimismo, señaló que el gabinete jurídico de la Junta determinará "en breve" qué acciones se toman para seguir reclamando a la empresa gestora de la mina de Aznalcóllar. Díaz Trillo apuntó que un resquicio legal se encuentra en la propia sentencia del Supremo, que no admite recurso pero "indica que puede haber un conflicto de jurisdicción, por lo que se actuará en esta dirección". Igualmente se sigue trabajando en vías civiles que "aún están abiertas".

Díaz Trillo defendió que la Junta tiene el "aval" de haber actuado "por todas las vías posibles y de haber puesto todo empeño jurídico y administrativo para que al final se cumpla lo de quien contamina, paga, y en este caso se contaminó mucho". Pese a ello, lamentó que todo este "entramado jurídico se debe a la ausencia de leyes claras" que protegieran al medio natural ante episodios así en 1998. De hecho, reivindicó que accidentes como el de Aznalcóllar no se podrían producir en la actualidad por los "controles de seguridad que exigen a cualquier actividad minera requisitos de protección al medio ambiente".

También mostraron su enfado Ecologistas en Acción, que calificó de "barbaridad" que el Alto Tribunal permita que la multinacional "no sólo no pague, sino que cobre por contaminar". Así se expresó un portavoz de la plataforma, Juan Romero, quien, en declaraciones a Europa Press, ha anunciado que en la próxima sesión del Consejo de Participación de Doñana, prevista para el 15 de diciembre, pedirán "condenar" una sentencia, que, "aunque acatan, no comparten en absoluto".

La sentencia del Supremo, fechada el pasado 10 de noviembre, no sólo desestima el recurso de casación de la Junta, sino que obliga a ésta a pagar las costas del proceso judicial, que asciende a 5.000 euros. El Alto Tribunal rechazó los siete motivos de casación alegados por la Junta, ya que cuando en ese momento no estaba "habilitada" para exigir este pago sin acudir antes a los tribunales, ni siquiera partiendo de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Minas, como argumentó en su recurso la administración. El fallo hasta pone en duda la interpretación de la sentencia del TSJA por parte de la Junta de Andalucía y su decisión de presentar un recurso de casación por "su incorrecta interpretación". En ese sentido, argumenta que "no se está en presencia de un acto administrativo sino de un acto de la Administración sujeto a derecho privado, por lo que la Sala debió plantearse su propia competencia para el conocimiento del asunto". Con esa decisión, el conflicto entre la Junta y Boliden vuelve casi a sus orígenes, ya que ahora se debe dilucidar cuál es la autoridad competente para resol- ver un pleno de más de 13 años.

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