"Imagínese aplicar esa misma superficie de deslinde a toda la costa". El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, conoce los planes del Ministerio de Medio Ambiente, y teme que use los mismos criterios que le han arrebatado 9.200 hectáreas de Doñana al resto de la costa andaluza. El Estado ha expropiado a la Junta las playas de Doñana que el año pasado se vieron afectadas por un vertido de crudo de la refinería Cepsa, en Huelva. En aplicación estricta de la Ley de Costas (1988), ampliará la expropiación a las marismas y arrozales del Parque Nacional y a todo el litoral andaluz que aún necesita de un mayor blindaje medioambiental: 360 kilómetros de costa (15%).
Andalucía es la comunidad con más litoral del país, pero en el que menos se ha aplicado el "dominio público-marítimo terrestre". Casi el 85% de la costa andaluza ya cuenta con ese blindaje. Es una figura proteccionista ideada por la ex ministra Cristina Narbona que, aunque mantiene las competencias de la Junta, devuelve parte de la tutela al ministerio de Medio Ambiente "para garantizar su uso público, la utilización racional de los bienes y un adecuado nivel de calidad en las aguas y las riberas". La Junta conserva la gestión de Doñana gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional que inclinó la balanza a su favor en el litigio contra el Estado en tiempos de José María Aznar. El fallo admitía el "deslinde" como una especie de "expropiación".
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero prevé blindar todo el litoral andaluz antes de marzo de 2012. Después de que se haya anunciado un deslinde de 9.200 hectáreas en Doñana, Griñán teme que los siguientes tramos de costa que se apropie el Estado acaparen tanta superficie tierra adentro como éste. La discrepancia entre Ministerio y Consejería de Medio Ambiente no es porque se haya desgajado de la tutela autonómica una línea costera de 35 kilómetros -desde Matalascañas (Huelva) hasta Sanlúcar (Cádiz)-, sino porque el deslinde profundiza hasta 4,7 kilómetros tierra adentro. A la Junta le parece desproporcionado que se haya invadido tanto espacio, pero al ministerio no: "Se prevé que en los próximos 50 años haya un retroceso del litoral de hasta 50 metros" por el cambio climático, dice.
La figura de dominio público marítimo-terrestre no es sólo un blindaje de playas, sino de dunas, acantilados, marismas, arrozales y todos los espacios ganados al mar "desde la marea más baja hasta donde llegasen las olas en los mayores temporales". Toda esa superficie tierra adentro comparte un mismo ecosistema "inseparable", según el informe que solicitó el ministerio, y justifica que el deslinde del Estado se coma tanto suelo andaluz.
La consejería discrepa de esta lectura y así lo expresó en sus alegaciones, proponiendo una alternativa que se limitaba a la flecha del Parque Nacional. Ell ministerio no aceptó esos matices, y esta semana la Junta decidirá si recurre en los tribunales, siguiendo el ejemplo de una treintena de andaluces propietarios de terrenos próximos al litoral, a los que Costas privó de sus dominios.
A pesar de todo, no es probable que en el resto del litoral andaluz se expropie tanta superficie tierra adentro como en Doñana, con una bioesfera exclusiva que no existe en otras costas del país. Con el tramo de Doñana, el blindaje del litoral andaluz alcanza ya los 1.740 kilómetros de los 2.101 susceptibles de ser deslindados. Huelva, con sólo el 74% del litoral protegido por deslinde es la provincia más retrasada en los planes del ministerio. Cádiz se encuentra al 89%, Almería al 93% y Granada al 99%, según un estudio de Medio Ambiente.
