El Gobierno andaluz ha remitido un requerimiento a la jueza que instruye el caso del presunto fraude en las ayudas de empleo para que "reconsidere" su solicitud de tener acceso a todas las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno desde 2001. En total son 480 documentos, que dan cuenta de las deliberaciones internas del Ejecutivo en los últimos diez años, y que tienen carácter "secreto" según marca la ley.
La Junta alega un "conflicto de competencias" y asegura que solo el Gobierno tiene potestad para levantar la reserva sobre esas actas. Siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos, según ha informado la consejera de la Presidencia, el Gobierno propone a la jueza una vía intermedia y le pide que concrete exactamente cuáles son las actas y documentos que necesita para llevar a cabo su investigación. "Estoy convencida de que la jueza y la Junta están en el mismo barco, no tengo la menor desconfianza hacia el juzgado", ha subrayado la consejera de la Presidencia, quien acaba de dar cuenta de esta decisión en el Consejo de Gobierno.
La Ley del Gobierno de la Junta fija en su artículo 31 que "los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos".
