La Junta ha solicitado formalmente esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla la suspensión del desalojo forzoso de las 36 familias que desde hace año y medio ocupan un bloque de viviendas en San Lázaro, conocido como La Corrala Utopía, propiedad de Ibercaja. El plazo para ordenar el deselojo dictado por la jueza se cumple el próximo sábado, después de que en la Mesa de Negociación convocada por el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, Ibercaja rechazara la propuesta de las familias de quedarse en el bloque con un alquiler social colectivo que incluyera la gestión de los locales y los ocupas rechazaran la oferta de la entidad de un alquiler social por un año en otros pisos.
La Junta solicita la suspensión del desalojo forzoso decretado por la jueza en un escrito firmado por el director general de Vivienda, Antonio Ibáñez, después de haber mantenido un encuentro con los vecinos en el que éstos se han comprometido a abandonar voluntariamente el edificio situado en la Avenida Juventudes Musicales una vez garantizada una alternativa por parte de las administraciones públicas. La Consejería de Fomento y Vivienda se compromete en el escrito a buscar, en colaboración con el Ayuntamiento, una solución en el más breve periodo de tiempo posible para las familias mediante el "realojo de las familias en viviendas públicas en régimen de alquiler con una renta adecuada a sus ingresos". La Consejería destaca también que esta labor de mediación de las administraciones "podría verse gravemente truncada, con efectos irreversibles para las personas ocupantes del edificio", si no se acuerda la suspensión temporal del lanzamiento hasta que se encuentre una alternativa.
El escrito recuerda la "situación de gran precariedad y exclusión social" de las familias, cuyo desalojo podría abocarlas "a la indigencia" y destaca que entre ellas hay varios menores para los que "los efectos por la pérdida de alojamiento perdurarán toda la vida" por constituir el desalojo un acto "violento y desestructurador".
La solicitud apela a que tanto la Constitución como el Estatuto andaluz recogen el derecho a la vivienda y apela a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que señala que antes de dejar a una familia en la calle debe ofrecerse "una alternativa por parte de las administraciones públicas, responsables en última instancia de que un derecho humano tan esencial, como es el de la vivienda, se cumpla".
