Andalucía eleva la deuda que exige a Rajoy tras publicarse las balanzas fiscales

La Junta pide al Gobierno otros 249 millones para "compensar la pérdida de ingresos por la reforma fiscal"

el 24 jul 2014 / 13:56 h.

cristobal-montoroUn día después de que el Gobierno publicara las balanzas fiscales que señalan a Andalucía como la comunidad que mas dinero recibe del Estado en relación con lo que aporta, la Junta, que discrepa de esta interpretación, elevó ayer otra factura al Ministerio de Hacienda, esta vez de 249 millones «para compensar la pérdida de ingresos que supondrá para Andalucía la reforma fiscal», que inicia hoy su recorrido. La bajada fiscal que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy reduce el número de tramos del IRPF (el impuesto que más recauda) y el tipo impositivo aplicable a los mismos. En teoría, a partir de 2016 se reduce la presión en los primeros tramos de renta, los que afectan a casi todos los contribuyentes, aunque la Junta denuncia que la bajada es «injusta», porque «perjudica a los que menos tienen». La titular de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió de que el Estado tiene la «obligación legal» de «compensar a las comunidades cuando legisla en materia tributaria y se influye en los ingresos de otras administraciones», y reclamó al ministro Cristóbal Montoro que cuando hoy presente la reforma, también explique «una hoja de ruta» para que las autonomías «no se vean repercutidas». La nueva reclamación que Andalucía le hace a Rajoy, de 249 millones, es una estimación, un cálculo que extrapola los tramos y las deducciones que propone el Gobierno, admiten desde el departamento de Montero. Pero hay que enmarcarla en el accidentado debate de las balanzas fiscales, que se desató hace dos días a raíz de la publicación de un informe del Ministerio de Hacienda, que ha enfrentado a unos territorios con otros. La Junta enseguida puso peros a una de las conclusiones de ese informe, según la cual, Andalucía aparece como la más beneficiada en términos absolutos, con un saldo positivo de 7.421 millones (diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta). Pero en este cálculo se excluyen dos variables que a la Junta le parecen determinantes: la población [Andalucía es la región más poblada] y el PIB [es la segunda región con menor nivel de riqueza]. Al hacerse el cálculo con estos criterios, otras seis comunidades aparecen más beneficiadas que Andalucía, cuya financiación por habitante y renta per cápita es claramente deficitaria, según la Junta. A este reproche, Montero sumó ayer el de la reforma fiscal, que se une a la reclamación de una deuda de 5.800 millones por discrepancias con el Ministerio en la liquidación de varios ejercicios presupuestarios, 1.000 millones por la aplicación incorrecta del sistema de financiación autonómica, 750 millones por la no aplicación de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, correspondiente a las inversiones por habitante, durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, y otros 300 millones que Andalucía ha dejado de percibir desde 2011 para el desarrollo de la Ley de Dependencia. Al margen del detalle de estas cifras, el mensaje de Andalucía, ayer, era claro: respondía así a la lectura que hizo el Gobierno y algunas de las comunidades más ricas, que insisten en que ellas aportan más para financiar los servicios públicos de regiones más pobres, como Andalucía, Extremadura o Canarias. Montero, que se reunió ayer con la directora de la Agencia Tributaria de Andalucía, Victoria Pazos, insistió en la reclamación de la Junta para que el Gobierno le traslade la memoria económica sobre la reforma fiscal para calcular con exactitud el impacto en los ingresos de la comunidad, que estiman en esos 249 millones. «Necesitamos todos los ingresos que vienen a Andalucía», dijo. La consejera denunció que la reforma fiscal no incidirá directamente en los presupuestos para el próximo año porque se recibe definitivamente la liquidación de la recaudación tributaria dos años después. Para Montero, «hay algo en las cuentas del ministro que no termina de ser contundente» y por eso reclaman la memoria económica para ver los cálculos que se han hecho, aunque ha lamentado que exista una «opacidad y falta de transparencia». La Junta ya solicitó el miércoles por escrito que no se incluya en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para el próximo jueves, el «catálogo» de medidas remitidas por el Ministerio de Hacienda sobre la racionalización y mejora de la eficiencia del gasto público autonómico. Esta semana se ha hecho público un documento del departamento de Cristóbal Montoro con 255 medidas, al parecer propuestas por las propias regiones. El texto incluye fuertes recortes, como aumentar la jornada de los funcionarios hasta 40 horas o elevar la ratio escolar un 10%.

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