Aunque la Junta confía en que el Gobierno sea "sensible" a su petición de que no desaparezcan las ayudas a la compra de VPO, los continuos mensajes del Ejecutivo -el último del vicepresidente tercero, Manuel Chaves- no dan lugar a la esperanza: no hay dinero para mantener unas subvenciones que sólo el año pasado costaron 306 millones al ministerio. De ese dinero, 63 millones fueron a parar a Andalucía, la comunidad más beneficiada y la que, cuando se eliminen las ayudas en enero de 2011, va a resultar peor parada. De ahí que la Junta haya demandado al Gobierno un trato preferente porque, a diferencia de autonomías como Madrid (PP), es la que impulsa más vivienda protegida para las rentas más bajas.
La "discriminación positiva" es el eje de las alegaciones que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda presentó ayer -último día de plazo- al polémico decreto del ministerio que cierra el grifo a las ayudas a la entrada de una VPO. En el documento, la Junta reivindica que estas subvenciones, que van de los 8.000 a los 12.000 euros según el nivel de renta, no se supriman de un plumazo, sino que haya una prórroga. Andalucía quiere que todas los proyectos de VPO que hayan obtenido la calificación provisional -visto bueno de la administración para empezar a construir- hasta junio de 2011 se puedan beneficiar de la ayuda, aunque la compra del piso se cierre años después.
Pero, sabiendo que es improbable que la ayuda a la entrada se mantenga, la propuesta estrella del Gobierno andaluz es una fórmula "compensatoria", según explicó ayer el secretario general de Vivienda, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Se trata de que el Estado amplíe el número de años de subsidiación de los intereses de la hipoteca. Hasta ahora, el comprador de una VPO podía ahorrarse hasta 8.000 euros gracias a los incentivos que recibía para pagar las cuotas durante diez años. Lo que propone la Junta es alargar a 20 años ese tiempo, con lo que el beneficiario llegaría a ahorrar 16.000 euros.
Para Gómez de Celis, "el dinero que se pierde al principio se vería compensado en los años de vida de la hipoteca". Además, el Ejecutivo central no notaría el impacto de esta medida hasta dentro de diez años, cuando ya habrá remitido la crisis.
empresarios. En las alegaciones, la consejería también demanda que no desaparezcan las ayudas que reciben los promotores para construir VPO en alquiler -unos 2.000 euros por piso-, algo que para la patronal llevará al sector a la "ruina". Asimismo, reivindica una mayor flexibilidad en el plazo estipulado para la venta de una vivienda protegida en alquiler con opción a compra, que se amplíe del 80 al 90% la financiación del préstamo al promotor y que aumente a 25 años el plazo de amortización de la hipoteca. La Junta está de acuerdo con el Ejecutivo en que, en el futuro, hay que priorizar el alquiler y la rehabilitación, pero sin dar la espalda de golpe a la adquisición de una vivienda. De hecho, la fórmula de alquiler con opción a compra es ahora la más demandada por los ciudadanos.
El éxito o el fracaso de las propuestas de Andalucía se verá en la reunión bilateral que mantendrá la consejera, Rosa Aguilar, con la ministra, Beatriz Corredor, para la que aún no hay fecha. El secretario de Política Institucional y Concertación de CCOO-A, Juan Pérez, exigió a la Junta que "no negocie a la baja" con el Gobierno central. Inmediatamente después de la cita bilateral, la Junta convocará a sindicatos y empresarios para ver cómo afecta el decreto estatal al Plan Concertado de Vivienda y Suelo. De momento, la consejería no quiere ni hablar de cambiar el plan. "Cuando llegue ese río lo cruzaremos, pero todavía no ha llegado ese punto", dijo Gómez de Celis parafraseando al presidente andaluz, José Antonio Griñán.
