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La Junta pide derivar a lo Contencioso el ERE de 2007 y Guerrero defiende el procedimiento

el 15 jun 2012 / 13:31 h.

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El Juzgado de lo Social número ocho ha celebrado este viernes la  vista oral de la demanda promovida por el grueso de los prejubilados  del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 por la  sociedad mixta Mercasevilla, ante la negativa de la Junta a financiar  sus rentas. Los principales testigos han sido el ex director general  de Mercasevilla Fernando Mellet, imputado en las tres líneas de  investigación penal que pesan sobre la empresa, y el ex director  general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero,  quien ha declarado a través de una videoconferencia al permanecer en  prisión por orden de la juez Mercedes Alaya.  

Este juicio, como se ha informado, fue inicialmente señalado para  el 23 de noviembre de 2011 , pero aquel día fue aplazado al 23 de mayo  y entonces fue pospuesto hasta este viernes. La Junta, no obstante,  había pedido una nueva suspensión de la vista oral dada la revisión  de oficio emprendida por la Consejería de Empleo sobre los  compromisos firmados por Francisco Javier Guerrero para las pólizas  de seguro de rentas asociadas a este ERE, un procedimiento mediante  el cual la Consejería espera declarar nulos tales actos.

MELLET Y GUERRERO, LOS PRINCIPALES TESTIGOS

El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael  Domínguez (CCOO), ha informado a Europa Press, al término de la vista  oral, de que las principales pruebas testificales han sido los  testimonios de Fernando Mellet y de Francisco Javier Guerrero , quien  como ha sido ya señalado, ha prestado declaración a través de una  videoconferencia al estar en prisión provisional por orden de la juez  Mercedes Alaya. Y es que Guerrero es uno de los principales imputados   en la investigación relativa a la posible administración fraudulenta  de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, de la que  se habrían nutrido decenas de prejubilaciones ilegales también  investigadas.

Ha testificado también José Antonio Mateos, director de la  división de Vida y Accidentes Colectivos del Grupo Generali, con el  que fueron contratadas las pólizas de seguro de rentas de las  prejubilaciones de este expediente de regulación de empleo. El propio  Domínguez estaba llamado a testificar en el juicio, si bien  finalmente su comparecencia no ha sido requerida.

LA JUNTA PREFIERE LO CONTENCIOSO

Rafael Domínguez, así, ha explicado que durante la vista oral, la  representación jurídica de la Junta de Andalucía habría defendido la  tesis de que correspondería a los juzgados de lo Contencioso  Administrativo y no a los de lo Social dirimir el asunto a cuenta de  la naturaleza del conflicto, reclamando así un traslado del asunto a  la primera de estas jurisdicciones. Francisco Javier Guerrero, según  Rafael Domínguez, habría defendido el expediente de regulación de  empleo de 2007 como una "continuidad" del ERE promovido en 2003 por  Mercasevilla, un procedimiento cuyas prejubilaciones sí fueron  financiadas por la Consejería de Empleo.

"Se ha demostrado, tanto en las pruebas documentales como en las  testificales, que había compromisos de pago y de financiación y nadie  ha cuestionado la legalidad del ERE", ha manifestado Rafael  Domínguez, quien ha explicado que los abogados de las uniones  provinciales de CCOO y UGT han expuesto que la Administración  autonómica financia a todos los efectos las rentas de las  prejubilaciones asociadas a expedientes de regulación de empleo  "tramitados del mismo modo y con la misma documentación" que el ERE  acordado en 2007 por Mercasevilla. Finalizada la vista oral, las  partes cuentan con un plazo de diez días para entregar sus  conclusiones.

LOS "COMPROMISOS" DEL ERE DE 2007

Mediante esta demanda, el colectivo de prejubilados del expediente  de regulación de empleo de 2007 reclama los "compromisos" de pago de  dicho procedimiento, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros. Esta  demanda, como se ha informado, fue firmada por 34 de los 40  prejubilados del expediente de regulación de empleo de 2007 y carga  contra la propia sociedad gestora del mercado central de abastos, el  Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa como máximos  accionistas de la empresa, la Consejería de Empleo, la Agencia de  Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la división aseguradora  del Banco Vitalicio --actualmente 'Generali'-- y la consultora  'Vitalia Vida'.

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