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La Junta pide subir la presión fiscal antes de tocar sanidad y educación

El ‘recortazo' de Rajoy y su impacto en el Presupuesto andaluz marca la negociación entre PSOE e IU, mientras el PP alerta de la "tragedia" de incumplir ante Bruselas

el 10 abr 2012 / 10:53 h.

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El Gobierno andaluz no ocultó su disconformidad y su malestar pero evitó ayer salir en tromba a vociferar contra los últimos recortes anunciados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que afectan directamente a las comunidades, a las que se sitúa en el ojo del huracán económico.

La Junta no ha recibido ninguna comunicación oficial ni oficiosa sobre qué planea el Gobierno central y eso que el último recortazo de 10.000 millones, anunciado por La Moncloa en una nota de prensa, afecta directamente a sus competencias: sanidad y educación. La semana que viene los ministros del ramo han convocado. La orden interna que dio el presidente José Antonio Griñán es que Andalucía tiene que "armarse de razones" para contrarrestar la embestida de recortes. Tampoco niegan desde el Gobierno que hay una negociación abierta con IU en la que estos temas son claves.

A pesar de que el tono de la confrontación va en aumento -y lo que queda-, el presidente de la Junta en funciones marcó el paso en la SER y fue crítico, pero evitó los exabruptos. Aseguró que hay "alternativas" a los 10.000 millones de recortes en sanidad y educación. El socialista apuntó a una reforma fiscal y barajó directamente la supresión de exenciones y bonificaciones que, en los últimos Presupuestos del Estado, suman 38.000 millones de euros. Ésta sería una decisión estatal, no es competencia autonómica. Griñán acusó al Gobierno de haber "roto" todos los consensos y volvió a pedir a Rajoy que convoque la Conferencia de Presidentes.

Andalucía está en la mira. Es prácticamente la única autonomía donde no manda el PP. Las elecciones del 25 de marzo frustraron los planes de Rajoy, que contaba con gobernar en la comunidad, y abrieron la puerta a un gobierno de izquierdas que negocian PSOE e IU. Ahora hay un gobierno en funciones y un posible pacto político que se está fraguando marcado por las duras exigencias que se avecinan para las cuentas públicas.

Precisamente la federación de izquierdas que debe sostener a Griñán en la presidencia reniega del déficit público y arrancó a los socialistas en su primera reunión un compromiso público de que no habrá recortes en sanidad, educación ni dependencia.

El líder del PP-A, Javier Arenas, advirtió ayer de la "tragedia" de que esa coalición se descuelgue de las políticas europeas y aseguró que "los responsables" de la quiebra financiera -por el PSOE- están "deseando" que la UE intervenga a España.

Con la espada del Gobierno y los mercados sobre la cabeza y la de IU sobre la mesa de negociación, el PSOE de Griñán se enfrenta a un recorte de más de 2.000 millones de euros de su Presupuesto y al impacto de unas severas cuentas estatales que acorralan los números andaluces e incumplen el Estatuto. La Junta no descarta ir a los tribunales.

Ayer la consejera de la Presidencia y portavoz, Mar Moreno, dejó prácticamente todas las preguntas sin respuestas. No tienen información. Habló de una "preocupación seria" o de "decisiones equivocadas". Reclamó "diálogo y consenso", sostuvo que una situación tan complicada como ésta no se arregla "con el ordeno y mando" y exigió al Gobierno que "pase ya la página electoral". Fuera de ese guión, no hubo concreciones. Sí admitió que "la realidad presupuestaria y financiera de Andalucía forma parte del diálogo con IU".

El Gobierno andaluz está dispuesto a cumplir con el déficit del 1,5% y con el calendario que imponga Rajoy para recortar las cuentas -dijo Moreno- pero todavía no conocen ni por dónde irán las reformas ni qué plazos existen. "Necesitamos saber para opinar", se cerró en banda la portavoz, que evitó hablar de líneas rojas al abordar la reducción del déficit. Fuentes del Gobierno andaluz corroboran que es prácticamente imposible abordar esos recortes sin suprimir servicios o dañar derechos. Hay intranquilidad.

El consejero de Educación en funciones, Francisco Alvarez de la Chica, cifró en "al menos 15.000" profesores, en su mayoría interinos, los que la Junta "se podría ver obligada a despedir". Un recorte de estas dimensiones solo sale metiendo la tijera en personal, advirtió. La Junta se teme además el incremento de los alumnos por clase. Intentarán evitar esos recortes pero el margen es muy estrecho.

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