La Junta pide una moratoria para la reforma local y acude al Constitucional

PSOE e IU llevan meses plantando batalla a una de las normas clave del Ejecutivo de Rajoy, que fija la cesión de competencias municipales a las autonomías

el 05 feb 2014 / 21:49 h.

Es uno de los caballos de batalla entre Junta y Gobierno. La reforma local aprobada por el PP apoyándose en su mayoría absoluta y con todo el arco parlamentario en contra –excepto el PNV, que negoció un acuerdo que protege las competencias del País Vasco– tendrá un recurso de inconstitucionalidad presentado por Andalucía este mismo mes. Desde que arrancó esta ley que reforma ayuntamientos y diputaciones, PSOE e IU –socios en la Junta de Andalucía– dejaron claro que iban a dar la batalla. Aparte de sacar a sus alcaldes en protestas a la calle, piensan agotar la vía legal por considerar que se vulneran competencias de la comunidad autónoma. El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, anunció ayer que pedirá al Gobierno central que paralice la reforma local, una vez que el Ejecutivo andaluz presente el recurso al Tribunal Constitucional en contra de dicha norma. Valderas confirmó que el Gobierno andaluz elevará este febrero el citado recurso y consideró «lógico» que la normativa se paralice hasta que el Constitucional falle. El vicepresidente andaluz insistió en que la reforma local es «lesiva» para los intereses municipalistas del conjunto de los pueblos y ciudades de Andalucía y para los derechos de la autonomía municipal. Aseguró que la norma invade los derechos del Estatuto y las leyes municipalistas y destacó que su aplicación está suponiendo un «caos e incertidumbre». Según señaló, los ayuntamientos no saben lo que hacer para poner en valor una ley «de plazos» como ésta. El Gobierno implantará la reforma de forma gradual hasta después de las próximas municipales de mayo de 2015. El número dos del Gobierno andaluz anunció también que ha demandado un informe amplio al conjunto de todos los departamentos de la Junta para saber cuál es el alcance y la repercusión que esta ley va a tener. Según señaló, se trata también de una norma «discriminatoria» porque trata de manera «muy diferenciada» al País Vasco y a Cataluña, respecto a Andalucía. Valderas apostó por un ejercicio de «rebeldía razonada y constructiva» frente a la «sinrazón» en esta reforma, al tiempo que garantizó que como vicepresidente de la Junta defenderá «hasta las últimas consecuencias» el Estatuto de Autonomía de Andalucía. La ley de reforma de los Ayuntamientos recortará, según los planes del Gobierno, 8.000 millones de euros. Según el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha prometido a Bruselas, la norma garantiza que los ayuntamientos dejen de gastar por «supresión de servicios» 3.422 millones d euros entre 2013 y 2015. El ahorro reside en el traspaso de competencias de sanidad, educación y servicios sociales de los ayuntamientos a las comunidades autónomas, la supresión de empresas públicas y un plan de fusiones entre municipios. Según los datos elaborados por el Gobierno andaluz, la devolución de competencias prevista para los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes afecta al 80% de los municipios de la comunidad (666). Los consistorios más pequeños, de menos de 5.000 habitantes, depositaran sus competencias en las diputaciones, que salen reforzadas con esta reforma. Andalucía cuenta con 530 municipios de este tamaño, el 68% del total. PSOE e IU además han denunciado que hay un sesgo ideológico en esta norma y que además de alejar los servicios de los ciudadanos se abre la puerta a la privatización de servicios básicos como el agua. Esas privatizaciones, según cálculos de los sindicatos asumidos por la Junta, podrían destruir hasta 40.000 empleos municipales en Andalucía. El PP niega que esto vaya a ocurrir y defiende la necesidad de una administración más eficiente, en la que no se solapen competencias y se ajusten los sueldos municipales.

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