La crisis, los recortes, la falta de financiación y el cambio en las necesidades de los ciudadanos han tirado por tierra las previsiones que hizo la Junta sobre VPO, una de las piedras angulares de esta legislatura. Hace dos semanas, en el Parlamento, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, confirmó sin tapujos lo que era un secreto a voces: que las estimaciones están "sobrevaloradas".
Hace justo tres años, el Gobierno andaluz, sindicatos, empresarios, bancos y ayuntamientos firmaron el ambicioso Pacto Andaluz por la Vivienda, que fijaba el compromiso de construir en una década 700.000 pisos, 300.000 de ellos protegidos para satisfacer la enorme demanda. Ese acuerdo se plasmó, un año después, en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, que prevé levantar 132.000 VPO. Pues ninguna de esas cifras sirve ya como referencia. Es más, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda va a convocar "en breve" a sindicatos y patronal -los firmantes del Plan Concertado- para rebajar los objetivos de una parte del documento, la de construcción de nueva VPO, que no se está cumpliendo. UGT, CCOO y Fadeco avisan de que no tolerarán una "renegociación a la baja".
En vez de las 132.000 casas, la Junta calcula que harán falta unas 60.000, aunque el número definitivo lo dirán en unos meses los registros municipales de demandantes, las bases de datos donde deben inscribirse los ciudadanos que quieran optar a una vivienda protegida y que supondrán una radiografía fiable y real de la demanda. Las primeras 30.000 solicitudes han desvelado un dato novedoso que al Gobierno le sirve para reforzar su tesis de que no hace falta tanta vivienda nueva: por primera vez, el 66% de los andaluces pide un piso en alquiler y no en propiedad. Ese cambio de tendencia viene motivado por la raíz de todos los males: el cierre del grifo del crédito. Pero desde Fadeco, su secretario general, Emilio Corbacho, se pregunta: "¿Por qué se dice que las previsiones están exageradas, porque no hay demanda suficiente o porque los bancos no dan dinero?".
La consejería se sentará con los agentes socioeconómicos -formalmente no se reúne con ellos desde la etapa de Juan Espadas- para retocar el plan una vez que celebre este mes la bilateral con el Ministerio de Fomento. Ahí se firmará el convenio estatal para financiar las actuaciones de vivienda en Andalucía en 2010. La Junta reclamará al Ejecutivo poder destinar más dinero para potenciar el alquiler, una petición que casa con la estrategia del Gobierno central de concentrar sus esfuerzos en el arrendamiento y la rehabilitación. El tijeretazo presupuestario ha llevado al Ejecutivo a suprimir desde enero las ayudas a la compra de VPO, que van de los 8.000 a los 12.000 euros. Este recorte, al que Andalucía se opuso de plano, supondrá un duro golpe para cumplir el plan andaluz de vivienda.
Aunque la consejería ha planteado a Fomento alternativas que compensen la drástica medida -como que el Estado amplíe de diez a 20 los años en los que ayuda al beneficiario a pagar los intereses de la hipoteca y que se amplíe del 80 al 90% la cobertura del préstamo-, lo cierto es que hará mucho daño a Andalucía, la comunidad que más VPO promueve de España.
No obstante, el secretario general de Vivienda, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, sostiene que, aunque el Gobierno central no llevara a cabo esos recortes, el Plan Concertado habría que "modificarlo" igualmente. "Si cumplimos el plan tal como está previsto, daría lugar a un stock de VPO. No podemos construir más de lo que realmente se necesita ni podemos caer en los mismos errores que en la vivienda libre", asegura a este periódico. La burbuja inmobiliaria dejó colgadas más de 100.000 viviendas sin vender en Andalucía, muchas de ellas en manos de los bancos, lo que ha provocado que las entidades restrinjan los créditos. El stock de vivienda libre ha afectado también a los préstamos de VPO.
Desde 2008, unas 45.000 VPO han obtenido la calificación provisional -el visto bueno de la administración para empezar el proyecto-, pero sólo el 33% (15.000) ha logrado financiación. Muchas de las 33 entidades que firmaron con la Junta el convenio para financiar el Plan Concertado no han cumplido. De los 9.550 millones comprometidos hasta 2012 se han liberado ya 4.691, pero el 81% de esos préstamos han recaído en las cuatro cajas andaluzas, BBVA y la Caixa. Gómez de Celis insiste en que "no está en manos de la Junta" que fluya el crédito, aunque sindicatos y empresarios reclamen a la administración que "apriete" más a los bancos.
diálogo difícil. Aunque la Junta quiere redefinir con consenso las previsiones de VPO, no encontrará una interlocución fácil. Sindicatos y empresarios dicen que no aceptarán que la Junta modifique ningún apartado del plan porque tiene "la obligación" de cumplirlo íntegro. "La Junta sabía a lo que se comprometía", señala Roberto Marín, de UGT. Pese al tijeretazo presupuestario -vivienda cae en 2011 un 65% respecto al año anterior- y a los recortes del ministerio, el Gobierno andaluz "debe responder". "Nosotros no hemos firmado ningún plan con Madrid; con la consejería sí", recuerda Juan Pérez, de CCOO.
