Una anciana fue desahuciada en Sevilla por una deuda de 39 euros.
El pasado domingo el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), anunció la paralización de los desahucios que afectan a inquilinos de pisos de titularidad municipal y que se analizarían caso por caso para darle una solución personalizada. Era la primera vez que Zoido ponía en marcha medidas extraordinarias contra este fenómeno social fruto de la crisis. Sin embargo, la Consejería de Fomento y Vivienda le había enviado el 18 de octubre un convenio para “aunar esfuerzos” contra el grave problema de la pérdida de la vivienda por los impagos que aún no ha tenido respuesta. La consejera Elena Cortés (IU) envió dicho día una carta al alcalde, junto con el convenio firmado con la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía (Famp), así como con un acuerdo para que el Consistorio hispalense colaborase en el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Hizo lo mismo con todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, pero el hispalense aún no le ha contestado. Según la Junta, otros municipios, en cambio, ya mostraron su interés en suscribir tal acuerdo.
En dicho documento, la Junta le pide colaboración a los consistorios para “conseguir la máxima eficacia” en su programa. De hecho, el gobierno municipal se tiene que comprometer, por ejemplo, a aportar recursos humanos y medios materiales para la resolución de los conflictos que tengan los residentes en su término municipal, a prestar asesoramiento a través de su Oficina de Información al Consumidor, a difundir las actuaciones del programa, a facilitar información sobre su registro de demandantes de VPO y a realizar informes en menos de quince días sobre la situación social y económica de las personas destinatarias de la colaboración interadministrativa para determinar “si está en riesgo de exclusión social”. Además, Junta y Ayuntamiento se comprometen en este convenio –por cuatro años– a propiciar el realojo provisional de los desahuciados sin recursos.
No obstante, Zoido reclamó hace cuatro días a la Junta que tomase “medidas” ante este grave problema social –si bien la consejera ya anunció a finales de junio que dio la orden de paralizar todos los lanzamientos previstos sobre el parque público de vivienda titularidad de la región– y le pidió que ponga las viviendas de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (Epsa) a disposición de las familias que lo necesiten, lo mismo que ayer reclamó el PP en el Parlamento andaluz.
Según fuentes de la Junta, Epsa “prácticamente no tiene viviendas vacías”, ya que su tarea precisamente es la de adjudicarlas. Eso sí, puede tener promociones nuevas sin titular ante la dificultad de los adjudicatarios para financiarla. Por eso el Pleno del Parlamento rechazó, con los votos de PSOE e IU, la moción del PP-A en la que se pedía que la Junta impulsara la puesta a disposición de su parque de vivienda social para las familias perjudicadas por la crisis, favoreciendo el realojo.
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, apuntó que mientras Zoido “notificaba desahucios” en Emvisesa , su Gobierno tenía en funcionamiento oficinas de asesoramiento para evitar los desahucios. El alcalde le replicó que durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero se llevaron a cabo 350.00 desahucios.
