En Andalucía se producen 45 desahucios al día
La Junta podría gastar unos 38 millones de euros al año en expropiar viviendas a los bancos para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social. Esta medida es la más polémica del decreto andaluz de la función social de la vivienda que quedará suspendido de inmediato cuando el Gobierno de Mariano Rajoy materialice el recurso ante el Constitucional. El Ejecutivo tiene de plazo hasta el viernes para hacerlo y justo ese día IU organizará protestas para denunciar el nuevo ataque a Andalucía. La norma establece que la disponibilidad presupuestaria para sufragar las expropiaciones de las que se han beneficiado hasta ahora siete familias equivale al dinero que la Junta tiene en sus cuentas por las fianzas del alquiler, aunque la consejería siempre ha afirmado que se pagarán las que sean necesarias.
En las cuentas autonómicas para 2013, la Junta recoge una previsión de ingresos de 38 millones por los depósitos y fianzas de cada contrato de alquiler de una casa que se realice bajo la supervisión pública. Es un dinero que entra y sale del saldo de la administración cada vez que se firma o rescinde un contrato de arrendamiento. Hasta ahora ese líquido lo gestiona la Consejería de Hacienda, pero a través de un decreto de Consejo de Gobierno pasará a manos de Fomento y Vivienda, última responsable de la ley antidesahucios. Esa norma otorga al Gobierno andaluz la potestad para expropiar a los bancos el uso temporal (durante tres años) de las viviendas sobre las que pese una orden de desalojo siempre que en ella residan familias en situación de emergencia. La Junta pagará el 2% del justiprecio de ese inmueble (el precio de subasta) y cobrará a la familia un alquiler social. IU pretende en la tramitación parlamentaria ampliar la protección a los autónomos que vayan a perder su casa porque la pusieron de aval de su negocio y a aquellas personas que avalaron con su piso la hipoteca de un familiar, un drama que afecta sobre todo a ancianos.
Sin embargo, el anuncio del Gobierno central de recurrir el decreto andaluz y el aval del Consejo de Estado para acudir al Constitucional implicará la suspensión inmediata de la norma antidesahucios. El Ejecutivo del PP, que se apoya en la advertencia de la UE sobre los efectos del decreto, tiene de plazo hasta el viernes para recurrir y ese día se celebrará el acto central de las protestas que está impulsando IU para defender la norma. A las 12 de la mañana habrá concentraciones simultáneas en las ocho subdelegaciones del Gobierno. Lo aprobó la federación de izquierdas por unanimidad el sábado en Antequera.
La Junta rebate los argumentos del Gobierno para recurrir la ley antidesahucios. Sostiene el Ejecutivo que la ley afecta al derecho a la propiedad, que es una competencia estatal. Andalucía recuerda que dos sentencias previas (sobre la reforma agraria y sobre la ley del suelo) dejaron claro que el Gobierno no puede fijar una legislación uniforme de la propiedad privada.
Mientras, desde la consejería que dirige Elena Cortés (IU) aseguran que siguen aplicando el decreto, es decir, continúan tramitando expedientes de expropiación, inspeccionando las viviendas vacías (la norma establece sanciones de hasta 9.000 euros a los bancos, inmobiliarias o entidades de gestión que posean casas vacías) y recabando información sobre las VPO que tienen las entidades financieras en sus balances.
