Local

La Junta pondrá en marcha en semanas oficinas de asesoramiento para evitar desahucios y rechaza "neutralidad"

Pretende realojar en viviendas del parque público a las familias  desahuciadas

el 06 sep 2012 / 11:17 h.

TAGS:

La Consejería de Fomento y Vivienda pondrá en marcha en varias semanas una red de ocho oficinas en cada una de las provincias andaluzas para prestar asesoramiento y que servirá como servicio de prevención y atención para evitar desahucios de los propietarios de vivienda, según ha anunciado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, quien ha asegurado que la Junta "no tendrá neutralidad" ante estas situaciones.

En su comparecencia en comisión parlamentaria, la consejera ha anunciado la creación del llamado 'Programa andaluz en defensa de la vivienda", un "instrumento político" con el que se "combatirá cara a cara" los casos de desahucio, y que se articulará en la puesta en marcha "en las próximas semanas" en las ocho provincias andaluzas de un servicio público y gratuito de "prevención de desahucios, asesoramiento a los compradores y en el caso de que los embargos se produzcan, desde la Junta se pueda ofrecer soluciones jurídicas".

Estas oficinas estarán ubicadas en las delegaciones provinciales y serán atendidas por funcionarios.

Cortés ha resaltado que este desde este servicio "no solo se rompe con las anteriores limitaciones, sino que la Junta renunciará a la neutralidad y se sitúa junto a las víctimas de desahucios y ejecuciones".

"Queremos llevar a cabo una política de verdad, introducir cambios sociales profundos y duraderos y ello solo se puede hacer contando con movimientos sociales, acabando con la resignación", ha aseverado Cortés, quien deja claro que la Junta "rompe con la neutralidad de las administraciones ante los desahuciados o que están a punto de serlo, debemos estar de su lado y ni siquiera arrojarles una cuerda sino tirarnos al agua con ellos", ha aseverado la consejera, quien anima a los ayuntamientos y entidades financieras a sumarse para "paliar al desahucio masivo de miles de familias"

La consejera ha indicado que este programa estará regido "bajo el principio 'pro consumatore'", de forma que "ante los recortes a los ciudadanos, la Junta defenderá el derecho de acceso a las familias a la vivienda poniéndose de parte de éstas".

Ha asegurado que este servicio se pondrá en marcha "en las próximas semanas", una "urgencia" derivada de la "emergencia social" para muchas familias.

La consejera ha explicado que este programa se centra en tres áreas, la primera de prevención, con tareas de información y asesoramiento al ciudadano que se encuentre en una situación previa a la contratación de hipotecas, por lo que el servicio "evaluará la situación de las familias que van a contar con préstamos hipotecarios, esos ciudadanos que acudan al servicio recibirán asesoramiento antes de la contratación de un préstamos hipotecario, en un asesoramiento que no será neutral".

"Hasta ahora ha habido un modelo fallido de construcción y compraventa y queremos alentar en lo posible otros modelos de tenencia distintos a las hipotecas para toda la vida, hay que frenar injusticias", ha aseverado.

La segunda área de estas ocho oficinas será una tarea de intermediación frente a las entidades financieras, "acompañando a las familias que así lo soliciten y sufran un endeudamiento sobrevenido, garantizando mejores condiciones y para conseguir la liquidación de la deuda contraída, bajo el principio 'pre consumatore'". "Habrá una

mediación con entidades, un estudio de la situación y una atención por parte de la Junta", ha agregado.

Por último, la tercera medida que ofrecerá este servicio será "ofrecer protección, mediación y arbitraje y aportar soluciones concretas a las familias desahuciadas tras la pérdida de su vivienda habitual y que se hallan en riesgo de exclusión social".

En ese sentido, ha anunciado que en los casos de desahucio pretende poner a disposición de las familias las viviendas del parque público residencial, para que sean realojados.

En ese punto, la consejera ha dejado claro que ésta "es una iniciativa abierta a los ayuntamientos", por lo que en breve pretende celebrar una reunión con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para proponerle un marco de colaboración amplio para una mayor colaboración y permitir usar los recursos en pro de la defensa del derecho a la vivienda. "Queremos una política de mano tendida y es necesaria la colaboración con los entes locales, que serán claves", ha aseverado la consejera.

Cortés ha recordado que la Junta sigue estudiando posibles modificaciones legales para hacer aflorar el "stock insostenible" de viviendas, y rechaza el 'banco malo' anunciado por el Gobierno que supone "una socialización de la deuda privada, y que supone remar en dirección contraria a los ciudadanos".

La consejera ha resaltado que estas medidas se han desarrollado tras consultar con agentes sociales y organizaciones de afectados por desahucios, y ha dejado claro que la Consejería "abre sus puertas de par en par a los movimientos sociales y ciudadanos" y estará a favor y a disposición de las redes sociales de apoyo a familias en crisis".

Asimismo ha explicado que este servicio "es una medida transversal que recorre las competencias de varias consejerías" y ha destacado la especial colaboración de la consejerías de Justicia y de Gobernación y Relaciones Institucionales.

La consejera ha recordado que la Consejería ha hecho ya requerimientos a las entidades financieras para reclamar oficialmente a los bancos que entreguen las VPO embargadas para incluirlas en registros municipales de demandantes, siendo registradas bajo criterios sociales, y la posibilidad de imponer sanciones.

Cortés ha lamentado que "el Gobierno central ha propiciado más desahucios y no ha puesto en marcha ni una sola medida contundente que vaya al rescate de familias sobreendeudadas" y ha recordado que la consejera firmó a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la dación en pago, aunque lamenta que por ahora "no encontramos apoyos en el Gobierno central". Precisa que desde 2007 se han registrado 68.000 ejecuciones hipotecarias en Andalucía.

"Ante este drama de los trabajadores y la falta de derecho a la vivienda, todas las administraciones públicas y entidades privadas deberíamos sumar esfuerzos", asevera la consejera.

CRITICAS DEL PP

Por su parte, la diputada del PP Alicia Martínez, ha pedido a la consejera que "deje de hacer discursos absolutamente demagogos" y que se vaya "todos a una" en contra de los desahucios, tras lo que ha recordado que las competencias "exclusivas" en materia de vivienda son de la Junta, por lo que demanda "rigor y conocimiento de los temas".

Tras recordar las iniciativas anteriores presentadas por el PP en materia de desahucio", lamenta que el PSOE "no ha hecho nada en 30 años ni siquiera ha detectado el problema" y ha lamentado que la Ley de Derecho a la Vivienda "no está funcionando".

Por su parte, el diputado del PSOE Enrique Benítez ha aludido a las políticas en materia de desahucios en algunas comunidades autónomas como Madrid, de forma que, a su juicio, "para el PP la vivienda no es un derecho sino un activo financiero y una oportunidad con el que hacer negocio".

"Para el PSOE la falta de vivienda es un problema social, mientras que para el PP es un negocio para el sistema financiero y para las familias mas poderosas y el Gobierno está legislando para conseguir la acaparación de patrimonio en unas pocas manos y propietarios".

Por su parte, la diputada de IU Inmaculada Nieto ha lamentado el "drama social sobrevenido con las ejecuciones hipotecarias", por lo que respalda y alienta las medidas anunciadas por Cortés para "equilibrar la balanza".

No obstante, lamenta que esta iniciativa "adecuada, acertada y correcta" estará "plagada de obstáculos que limitarán su eficiencia", aunque resalta el "esfuerzo importante que se llevará a cabo para implementarla".

  • 1