El Gobierno andaluz aprobó ayer un decreto-ley de medidas urgentes que trata de poner orden en las grandes bolsas de suelo urbanizable de los municipios del litoral. Como medida cautelar todo el suelo urbanizable costero que no tenga un ordenamiento urbanístico en vigor o proyectos ya en marcha, no podrá ser construido. A partir de ahí se fija un plazo de dos años para que los ayuntamientos pongan sus planes urbanísticos al día. Si en ocho años no lo han hecho, directamente se aplicarán los límites al crecimiento fijados en la ley andaluza. El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, alertó de un "urbanismo durmiente" y advirtió de que "no cabe repetir errores del pasado". Solo el 11% de los municipios se han adaptado a la Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, que se aprobó en 2006 y que limitaba los crecimientos urbanos al 40% del territorio o el 30% de la población.
En el caso de los municipios del litoral, de las 62 localidades costeras de Andalucía, solo diez han puesto sus planes urbanísticos al día. Para los otros 52, las medidas cautelares entran en vigor hoy, con la publicación del decreto-ley en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
La mayoría de los municipios andaluces siguen teniendo planes en vigor inspirados por el exceso de cemento y ladrillo de los 80 y 90 y donde se prevén crecimientos de hasta el 200%. Si bien es cierto que la crisis se ha encargado de pinchar esa burbuja y desinflarlo todo, la Junta quiere aprovechar para poner orden. Hay límites y el crecimiento hasta ahora ha sido brutal: de los primeros 500 metros de costa en Andalucía, se ha ocupado el 40%. Hace 50 años, la cifra era del 7%.
La normativa que ayer se aprobó en Consejo de Gobierno prevé la elaboración de un Corredor Litoral de Andalucía, que refuerza la protección sobre los primeros 500 metros de costa. El Ejecutivo andaluz no oculta que la medida viene a ser el contrapunto a la "desregulación" que a su juicio supone la reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno central, que salva miles de viviendas ilegales y amnistía los chiringuitos. El litoral andaluz concentra el 40% de la población, cuando hace 20 años ese porcentaje era del 20%.
El nuevo decreto, insistió Planas, trata de reforzar la protección y de incentivar que los municipios se adapten al POTA. La norma no afectará de forma cautelar a proyectos polémicos en marcha como el previsto en Valdevaqueros (Tarifa), aunque una vez reforzada la protección el Gobierno no negó que sí pueden endurecerse las condiciones. Sobre la posibilidad de que los ayuntamientos, sobre todo los del PP, vuelvan a recurrir en cascada este reforzamiento del control urbanístico, el consejero confió en que no sea así. Poco después, el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), habló de "diarrea legislativa" en materia urbanística.
