Tras las interpelaciones presentadas esta semana por los eurodiputados españoles de los distintos partidos ante la UE por la "pasividad" ante la crisis del New Flame, la primera denuncia jurídica llegará el lunes a los tribunales, de la mano de la Junta de Andalucía, que reclama por vía civil al armador del buque el pago de los 100.000 euros gastados la administración andaluza en la limpieza de la costa algecireña.
La posible denuncia fue anunciada a finales de diciembre, cuando se produjo el vertido hasta ahora más grave del buque, en el que se recogieron 800 toneladas de residuos mezclados. Sin embargo el Gobierno andaluz no acudirá a los tribunales hasta dos meses después. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, explicó ayer que, una vez culminada su redacción y enviada a la Subdelegación del Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar, la demanda será formalizada mañana lunes ante el juzgado de instrucción.
La denuncia contra el Reino Unido ante la Comisión Europea se presentará "en próximos días" y la Junta no descarta que esta queja derive en la vía penal, aunque Zarrías reconoció que en ese caso el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo "debería ser tramitado por el Estado español".
El Ayuntamiento de Algeciras también ultima un demanda civil contra el armador y, con carácter subsidiario, contra la aseguradora del buque, por los daños ocasionados por los delitos, así como otra denuncia contra la Comandancia Marítima de Gibraltar por un delito contra el medio ambiente. El alcalde de Algeciras, Tomás Herrera, afirmó ayer que los servicios jurídicos municipales presentarán la próxima semana una cuantificación de los daños. El consistorio ya emprendió en 2007 acciones similares contra el Sierra Nava.
