El Gobierno andaluz dejó claro desde el principio su intención de recurrir la reforma de la ley del aborto en los tribunales si ésta termina siendo aprobada con el texto que salió del Congreso en febrero. Mientras el anteproyecto sigue su tramitación parlamentaria, la Junta elabora un informe jurídico y otro sanitario que prevé enviar en breve al Gobierno de Mariano Rajoy argumentando su rechazo y pidiendo la retirada de la norma por cuestionar «la capacidad de decisión de las mujeres» sobre su maternidad y suponer un riesgo para las que acudan a vías clandestinas para interrumpir su embarazo, admitió ayer la consejera de Salud, María José Sánchez Rubio. Su compañero de gabinete, el titular de Justicia, Emilio de Llera, fue más rotundo al esgrimir las razones políticas: «Si la reforma de la ley del aborto finalmente es aprobada acabaríamos aceptando que en España legislan los obispos».
Ambas áreas están siendo coordinadas en este asunto por la Consejería de Presidencia, encargada de remitir el informe al Gobierno. En materia sanitaria, la Junta advierte en su informe de que la nueva ley podría desencadenar abortos «no controlados», fuera del ámbito sanitario. «Es un retroceso importante porque cualquier situación de malformación no contemplada, cualquier situación que tenga que ver con un aborto que se haga de manera clandestina va a repercutir en la salud y en riesgos para la propia mujer», advirtió Sánchez Rubio.
La Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada elimina el derecho de la mujer a abortar en las primeras 14 semanas un derecho que introdujo la ley de plazos del Gobierno de Zapatero en 2010 y retorna a la legislación de 1985, al considerar la interrupción del embarazo un delito despenalizado sólo en algunos supuestos.
Una mujer sólo podrá abortar si ha sido víctima de una violación (y presenta denuncia) o si se expone a un «grave peligro para la vida o la salud física o psíquica», algo que deben diagnosticar los médicos. El supuesto de malformación fetal grave ya no será motivo para abortar, pero sí los efectos psicológicos que cause en la embarazada. Fuera de estos casos, abortar será delito perseguido para los médicos, pero no conllevará multas para las mujeres. La ley también ampara a los médicos que quieran objetar, aunque su participación sea indirecta. El Ministerio de Justicia asegura que ésta es la primera ley que equipara derechos de la madre y del «concebido».
En su escrito, adelantado ayer por El País, la Junta advierte de que los parapetos legales no hacen disminuir el número de abortos, y pronostica que con la nueva ley más del 93% de los que se realizan en Andalucía (21.400) quedarían sin amparo legal, pero seguirían produciéndose de forma clandestina o en el extranjero. «La elección entre estas dos opciones estará determinada por la situación económica de la mujer», dice la Junta, segura de que la ley discrimina por razones socioeconómicas. El informe sostiene que los abortos inseguros pueden acarrear complicaciones en un 13% de los casos y que, por tanto, con la nueva ley podrían exponerse a riesgos mortales más de 2.750 mujeres al año por abortar sin garantías.
El Gobierno baraja flexibilizar la norma en el supuesto de malformación y permitirlo en ciertos casos. Si al final la ley entra en vigor con la redacción actual, la Junta la recurrirá ante el Constitucional «porque nos trasladaría a 1950», dijo De Llera. «El proyecto entiende que la libertad de las mujeres para tomar decisiones tan trascendentales para su vida, como ser o no ser madres, es algo que pueda limitarse como regla general. algo a lo que debe oponerse cualquiera que esté en su sano juicio, ya que acabaríamos aceptando que legislen los obispos en España», sentenció el consejero de Justicia.
