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La Junta prima dotar de PGOU a 178 pueblos para frenar las casas ilegales

Son pequeñas localidades, la mayoría de Almería y Granada, que nunca han tenido una regulación urbanística.

el 03 jul 2010 / 19:18 h.

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El Borge es uno de los 16 municipios de la Axarquía malagueña donde la ausencia de PGOU ha fomentado el ladrillo ilegal.
La prioridad de la Junta en materia urbanística es completar cuanto antes la adaptación de los planes generales a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), un proceso que debería haberse culminado hace tres años. En enero de 2007, cuando expiró el plazo que marcaba la norma, sólo 56 municipios tenían sus PGOU adaptados, eso es, sólo el 7,27% cumplía, por ejemplo, con la obligación de destinar el 30% del suelo a la construcción de vivienda protegida. Hoy son 310 los que tienen hechos sus deberes (el 40%), pero todavía quedan otros 460.

 

De ellos, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda se esforzará especialmente en 178 pueblos pequeños que nunca han contado con un plan general o con una delimitación del suelo. En muchos de ellos, la ausencia de un PGOU ha favorecido que allí proliferen los desmanes del ladrillo, de ahí que dotarlos de planeamiento sea clave para frenar las construcciones ilegales.

"Un plan general es la manera más efectiva de batir las ilegalidades. Supone tratar el problema de raíz", aseguran fuentes de la consejería. Estos 178 pueblos son "más sensibles" porque nunca se han visto sometidos a las "reglas del juego", añaden. La mayoría está en Almería (51), seguida de Granada (41). En Málaga, donde hay 37 localidades sin plan, la Junta trabaja intensamente con 16 municipios de la Axarquía -donde se estima que hay 10.000 viviendas en suelo rústico no urbanizable- para que sus planes generales estén listos antes de las elecciones locales de 2011. Las mismas fuentes apuntan a que "dentro de poco habrá una primera oleada" de documentos que se aprobarán de forma definitiva.

Aunque la iniciativa urbanística corresponde a los ayuntamientos, el Gobierno andaluz puede impulsar los planeamientos. La dinámica de trabajo en los municipios que no tienen PGOU consiste en dirigirse a ellos a través de las Diputaciones o delegaciones provinciales y en darles prioridad a la hora de cobrar las subvenciones que en 2008 habilitó la Junta para agilizar este proceso. Además, para ahorrar tiempo, los técnicos de la consejería acuden directamente al consistorio para revisar el plan general y hacerle las pertinentes correcciones antes de que el pleno municipal lo apruebe de forma provisional. Así se evita que la consejería tenga que devolver el documento al ayuntamiento.

En las grandes ciudades también se están acelerando las adaptaciones a la LOUA. De las capitales, sólo Cádiz, Almería y Málaga aún no han terminado este proceso y en esta última se ha enquistado el acuerdo. Frente a las críticas iniciales de los empresarios, que auguraron que la LOUA supondría la ruina, la Junta alega que el mayor crecimiento económico se ha producido con esta ley en vigor. En lo que sí se nota la crisis es en el modelo de ciudad que diseñan los alcaldes. Ahora hacen propuestas "más acordes a la realidad".

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