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La Junta quiere dinero por dependiente atendido, no valorado

El Gobierno central considera "deseable" que el reparto del fondo estatal del nivel acordado para la dependencia se reparta el próximo año al 50% según los criterios habituales -como la población y la extensión territorial- y las personas valoradas con derecho a prestación y ampliarlo progesivamente, después de que este criterio haya entrado por primera vez en juego este año.

el 16 sep 2009 / 01:40 h.

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El Gobierno central considera "deseable" que el reparto del fondo estatal del nivel acordado para la dependencia se reparta el próximo año al 50% según los criterios habituales -como la población y la extensión territorial- y las personas valoradas con derecho a prestación y ampliarlo progesivamente, después de que este criterio haya entrado por primera vez en juego este año con un peso del 20% tras un acuerdo en el Consejo Territorial del 15 de abril en el que Andalucía lideró esta postura frente a comunidades como Madrid y Valencia.

Así lo señaló ayer el subdirector de valoración del Imserso, Jesús Norberto Fernández, durante su participación en Sevilla en unas jornadas sobre dependencia organizadas por la Fundación Gerón.

Tras el acuerdo del día 15 la consejera andaluza de Igualdad, Micaela Navarro, dijo sentirse "satisfecha" por que se había atendido la petición andaluza, que en una proposición no de ley aprobada por todos los grupos parlamentarios reclamaba que el criterio "preponderante" fueran "los beneficiarios ya valorados y atendidos". Sin embargo, ayer matizó que lo establecido es que se tengan en cuenta las personas valoradas con derecho a prestación y que la Junta insistirá en defender que se "dé el siguiente paso" para que el dinero estatal se reparta en función de las "realmente atendidas", con lo que Andalucía pasaría a acaparar el 30% del fondo frente al 19% logrado este año y aseguró que el "compromiso" del Ministerio es avanzar en esta línea.

En las jornadas, tanto los representantes de la Junta y el Gobierno como del movimiento asociativo de personas con discapacidad destacaron la necesidad de analizar por qué una medida que la ley contemplaba como excepcional, la ayuda económica para cuidados familiares, acapara el 43,12% de las prestaciones otorgadas. Navarro defendió el servicio asistencial pero explicó que la norma lo deja a elección de la familia. Fernández señaló que el año que viene, cuando se cumplan tres años de la ley, será el momento de hacer una evaluación y ver "si lo eligen como primera opción o si escogen eso porque otros servicios no están disponibles".

La presidenta de CAMF, María de los Ángeles Cózar, pidió más control porque "hay familias que están sacando a dependientes de centros sin que mejore su calidad de vida", y denunció que la ley no está surtiendo efecto en la promoción de la autonomía personal.

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