Ante la perspectiva de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) reduzcan en 2011 la plantilla de profesores andaluces, la Junta se comprometió ayer a cubrir todas las vacantes que dejen los docentes jubilados el próximo año, con independencia del número de maestros que se retiren.
El borrador de la cuentas estatales incluye un plan de ajuste del gasto que limita al 10% la cobertura de la tasa de reposición (número de funcionarios jubilados) y además impide sustituirlos con personal interino. En 2011 sólo se podrá cubrir una de cada 10 vacantes para todos los cuerpos de la administración del Estado, incluidos profesores y médicos que, hasta ahora, se sustituían en su totalidad porque su servicio se consideraba esencial. Al eliminarse esa excepción, las cuentas del Estado ponen en peligro la plantilla del profesorado andaluz porque, a priori, la Junta no podría volver a ocupar esos huecos ni con personal fijo (convocando un concurso de oposición) ni con interinos.
Sin embargo, la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, explicó ayer que la Junta ha introducido una cláusula en los Presupuestos autonómicos (aún por aprobar) que "deja la puerta abierta para poder superar el límite marcado por los PGE" para cubrir todas las vacantes en el sistema educativo. "Éramos conscientes del impacto que podía producir" el recorte de los PGE en Andalucía, "y no va a haber ningún problema, porque para nosotros la educación y la sanidad son servicios esenciales, y en lo que más podría afectar, que es en la reposición de las jubilaciones del profesorado, Andalucía no va a dar un paso atrás en su plantilla", aseguró.
Contra la ley básica. La cláusula de la que habló Moreno se encuentra en el artículo 11 de las cuentas andaluzas: "El Consejo de Gobierno podrá autorizar, a propuesta de la Consejería de Hacienda y a iniciativa de otra consejería, excepciones a la limitación establecida" en los PGE. Pero fuentes del Gobierno central dudan de que una ley autonómica pueda modificar la legislación básica. Y el artículo 23.5 de los Presupuestos Generales, que impide a las comunidades cubrir todas las vacantes de profesores jubilados, tiene "carácter básico y se dicta al amparo" de la Constitución. Desde el Ministerio de Economía y desde el de Administración Pública no quisieron aventurar si Andalucía tiene potestad para incluir "excepciones" a la legislación básica. Ambos departamentos recordaron que los PGE aún están en fase de borrador.
En el seno de la Consejería de Educación existía ya una "seria preocupación" por el alcance del plan de ajuste de los PGE. Fuentes socialistas confirmaron ayer que el PSOE andaluz quiso incluir una enmienda "para que se remarcase la excepcionalidad del profesorado" en los límites de la tasa de reposición, pero finalmente Ferraz no lo aceptó.
Los principales sindicatos de la enseñanza, CCOO y UGT, han alertado de que si no se cubren todas las vacantes en la escuela andaluza, el sistema educativo se verá seriamente afectado, produciéndose un recorte de personal superior a los 3.000 docentes. El cálculo se basa en el número de retirados y prejubilados de los últimos años (entre 2.000 y 2.500 por curso). La portavoz del Gobierno andaluz aseguró ayer que no podía "dar por bueno el dato" de los sindicatos, pero sin que la Junta haya hecho aún pública una estimación de los profesores que se jubilarán en 2011, Moreno volvió a insistir en que "se cubrirán todas las vacantes" y además se crearán otras 680 plazas nuevas, que supondrá un incremento neto de la plantilla.
El año que viene se aplicará la última convocatoria de la llamada prejubilación LOE, que mantiene el 100% del salario más una gratificación por retirarse antes de los 65 años. La Consejería de Educación prevé que el número de jubilaciones será elevado. Más del 55% del profesorado andaluz tiene más de 60 años y estaría en condiciones de acogerse a la prejubilación LOE.
