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La Junta quiere implicar más a los municipios en la renta básica

La Junta quiere que los ayuntamientos jueguen un "papel fundamental" en la aplicación de la ley de inclusión social. El texto sufrirá "algún cambio" respecto al aprobado en 2007 por el Consejo de Gobierno -que no llegó al Parlamento por las elecciones- para reforzar la implicación de las corporaciones locales.

el 15 sep 2009 / 21:55 h.

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La Junta quiere que los ayuntamientos jueguen un "papel fundamental" en la aplicación de la ley de inclusión social. El texto sufrirá "algún cambio" respecto al aprobado en 2007 por el Consejo de Gobierno -que no llegó al Parlamento por las elecciones- para reforzar la implicación de las corporaciones locales.

La norma, que regulará el derecho a recibir una renta básica vinculada a seguir un itinerario de inserción, se quedó a las puertas de su tramitación en la pasada legislatura, con el visto bueno del Consejo de Gobierno pero sin tiempo para iniciar el trámite parlamentario. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, se comprometió recientemente a llevarla al Parlamento antes de junio y, según señaló ayer la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, pasará "en breve" por el Consejo de Gobierno con "algún cambio" respecto al primer texto.

Aunque las circunstancias económicas han cambiado desde su primera redacción, y Navarro reconoció que los posibles beneficiarios hoy no son iguales, en su perfil y cantidad, que los previstos inicialmente, instó a tener presente que "es una situación coyuntural que luego volverá a estabilizarse".

Por ello, aunque la ley "pretende responder a todo el abanico de situaciones que llevan o pueden llevar a la exclusión", señaló que "habrá que diferenciar, en cuanto al tratamiento, a familias que coyunturalmente se encuentren en riesgo de exclusión de las que tienen una situación estructural de exclusión que va de generación en generación".

El Anteproyecto recogerá aportaciones como las realizadas ayer en unas jornadas organizadas por el Defensor del Pueblo, donde la directora general de Servicios Sociales e Inclusión, Ana Gómez, destacó la importancia del papel que deben cumplir las corporaciones locales y la necesaria coordinación entre las administraciones regional y municipal así como entre los distintos departamentos de cada una de ellas.

El texto originario ya preveía la participación de los ayuntamientos en la gestión de la renta básica y programas de inclusión, pero Gómez señaló que se reforzará porque "las administraciones locales tienen que tener un papel fundamental". La exclusión, dijo, está muy vinculada al contexto territorial y los servicios sociales comunitarios -red municipal financiada mediante un plan concertado con la Junta- pueden localizar mejor las zonas con necesidad de transformación social, una de las líneas de actuación que prevé la ley para trabajar por la inclusión.

Para Gómez, en la norma "hay que cerrar un instrumento que nos obligue a Junta y ayuntamientos a sentarnos para hacer planes de actuación, sin protagonismos" y aprovechar el momento para evaluar los servicios sociales comunitarios "y ver qué han hecho y qué se puede cambiar".

Ante la pregunta de un responsable de estos servicios en el Ayuntamiento de Málaga sobre cómo avanzar en su mayor implicación mientras se mantiene "congelado" el fondo del plan concertado, Gómez -que tuvo estas competencias como concejal en el Ayuntamiento de Sevilla- reconoció la necesidad de mejorar su financiación. Anunció la elaboración de un "mapa de servicios sociales" para diagnosticar no sólo su ubicación sino su financiación, funciones y personal. Con esta radiografía, la Junta prepara un decreto de financiación ajustado a las necesidades.

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