La Junta ultima un Reglamento de Disciplina Urbanística que abre la puerta a derribar en un mes viviendas "manifiestamente ilegalizables". Bastará, sin sentencia judicial, un informe técnico que acredite que se ha edificado sobre suelo protegido que ningún planeamiento tolerará urbanizar.
El consejero de Vivienda, Juan Espadas, compareció ayer en el Parlamento para rendir cuentas del control urbanístico. Su comparecencia estuvo bajo la sombra de los últimos casos de corrupción en Andalucía, con Alcaucín como penúltimo episodio. Este pueblo, gobernado por los socialistas, está en la Axarquía de Málaga, una sierra próxima a la costa donde proliferan los desmanes urbanísticos. Espadas no pudo evitar que la popular Esperanza Oña convirtiera el debate en un duro pimpampum sobre la corrupción, con acusaciones a la Junta, a la que culpó de hacer la vista gorda a los casos de alcaldes socialistas. "Usted es cómplice político de la corrupción urbanística en Andalucía", acusó a Espadas, "son tan culpables como los alcaldes que lo practican". Oña, que se remontó hasta el caso Filesa y pidió todo el tiempo que Manuel Chaves compareciera, terminó por sentenciar que "la corrupción acabó con Felipe González" y acabará con el actual presidente de la Junta.
El tono inicial del titular de Vivienda fue otro, aunque al final acusó a Oña, como alcaldesa de Fuengirola, de poner trabas a la inspección en su ayuntamiento. Espadas condenó la corrupción como "la peor lacra" y avisó de que extender, como a su juicio hace el PP, la sospecha sobre toda la clase política, instala en la calle que todos son iguales. "Es terrible para la democracia", dijo.
El consejero de Vivienda desveló que el Reglamento de Disciplina Urbanística que "verá la luz próximamente" permitirá el derribo de edificaciones "manifiestamente ilegalizables" en un mes. Se evitará así que la demolición se enrede años en los tribunales cuando la edificación se sitúe en suelos donde esté claro que nunca se podrá construir. Por ejemplo un parque natural, explicaron desde la Consejería, que advirtieron de que esta figura se aplicará para casos "muy concretos". El objetivo es actuar en la primera fase, en cuanto se pongan los cimientos de una vivienda irregular, sin tener que esperar años tras la edificación, con un efecto llamada en la mayoría de las ocasiones, ya que la impunidad con la que una vivienda ilegal está en pie provoca que proliferen otras. En estos casos flagrantes bastará un informe técnico del Ayuntamiento o en su defecto de la Junta. ¿Y si al final el propietario va a los tribunales y gana? Según explican desde la Consejería, existe la figura de la responsabilidad patrimonial y se pagaría una indemnización. El Reglamento de Disciplina Urbanística, permitirá además la adopción de medidas cautelares por parte de los alcaldes contra obras sin licencias. Los datos que desgranó Espadas en el Parlamento revelaron que desde 2005 que se puso en marcha la Dirección General de Inspección se han tramitado 17.649 actuaciones en 535 municipios. "El 69,5% del total de los ayuntamientos andaluces", recalcó el consejero.
La réplica a las duras acusaciones del PP le tocó al socialista José Caballos, que recordó que la oposición siempre se opone cuando se endurecen los mecanismos de control y no dudó en apelar al "caso Gürtel, Aguirre y los trajes de Camps", para indignación de los populares. Desde IU Sánchez Gordillo aseguró que "la condición humana es corrupta" y pidió una nueva ley del suelo.
