Local

La Junta quita trabas para poner ascensor en pisos con discapacitados

Vivienda insta a los municipios a flexibilizar sus normas urbanísticas para autorizar estas obras que requieren licencias municipales para ocupar la acera si el elevador va por fuera o tocar estructuras.

el 22 may 2011 / 18:23 h.

TAGS:

Más de la mitad de las personas con discapacidad en Andalucía (unas 350.000) reconocen tener problemas de acceso a su edificio o para desenvolverse en el interior de su vivienda. De hecho, 58.000 discapacitados -el 8% del total del colectivo- han tenido que cambiar alguna vez de domicilio debido a su discapacidad, la mayoría (46,1%) para ser atendido por familiares, pero un 37,7% por barreras en el acceso o el interior de la casa. Por ello, una de las principales líneas de actuación del II Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad 2011-2013 , aprobado recientemente en Consejo de Gobierno, es la que compete a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda que se ha comprometido en dicho plan a "impulsar la modificación de la normativa municipal flexibilizando los criterios para la instalación de ascensores".

 

Y es que, la ausencia de ascensor en su bloque es uno de los principales obstáculos que encuentra un discapacitado para su movilidad. El Defensor del Pueblo Andaluz , José Chamizo, presentó el año pasado un informe en el que cifra el número de viviendas de tres o más plantas sin ascensor existentes en Andalucía en 580.761, más del 50% de las casas de esa altura que hay en la comunidad (1.154.911). Teniendo en cuenta que la ocupación media de las viviendas en Andalucía es de tres personas, el Defensor estima que más de 1,7 millones de andaluces carecen de ascensor pese a vivir en bloques con más de tres plantas de altura.

La normativa estatal y autonómica exige que todos los edificios de nueva construcción a partir de esa altura, o de dos plantas y más de seis viviendas, se hagan con ascensor. Pero el problema está en las viviendas anteriores, precisamente bloques en los que se concentra la población mayor, una de las más afectadas por los problemas de movilidad.

El Plan Concertado de Vivienda y Suelo prevé ayudas y subvenciones para su instalación, así como para reformas interiores destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas y la adecuación funcional de viviendas a personas con discapacidad. Sin embargo, la instalación de un ascensor debe ser aprobada por una mayoría de tres quintos de los propietarios del edificio. Las obras de adaptación están sujetas a normativas urbanísticas municipales, por ejemplo, en el caso de que el ascensor tenga que hacerse por fuera del edificio y ocupar la vía pública, pero también si es interior al depender de una licencia de obras que concede el ayuntamiento.

De ahí que promover estas reformas requiera cambios en las normativas municipales que la Junta se compromete a propiciar en el II Plan de Discapacidad, recogiendo así una demanda hecha por el Defensor en su informe. Chamizo iba más lejos al reclamar la articulación de una bolsa para permutar viviendas de tal forma que personas con problemas de movilidad oferten sus casas a cambio de VPO o viviendas libres adaptadas, una iniciativa anunciada ya por el Ayuntamiento de Málaga mediante una ordenanza municipal en proceso de elaboración.

El compromiso de Obras Públicas se centra en impulsar mayor flexibilidad de los ayuntamientos al aprobar la instalación de ascensores en edificios antiguos y su cumplimiento se evaluará en función de las normas municipales que al finalizar el plan se hayan modificado.

  • 1