La Junta rechaza la “hipótesis” de que altos cargos cobraron sobrecomisiones

el 27 mar 2013 / 00:00 h.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ayer, tras la reunión del Consejo de Gobierno. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ayer, tras la reunión del Consejo de Gobierno. En los últimos siete días de instrucción del caso ERE, que se ha saldado con 22 detenidos más (siete en prisión), la jueza Mercedes Alaya ha confirmado que el fraude en los expedientes de regulación de empleo pagados con fondos públicos se ha ensanchado. La magistrada ya ha fichado a los “verdaderos beneficiarios” de las sobrecomisiones millonarias –aseguradoras, consultoras y demás intermediarios de las ayudas entre empresas en crisis y la Consejería de Empleo– y ahora rastrea posibles sobornos entre altos cargos de la Junta y miembros de CCOO y UGT. En cambio, de las mismas actuaciones, la Junta sustrae otra conclusión, a saber, que la jueza ha cerrado el cerco de la responsabilidad política en torno al exdirector general de Empleo y principal imputado, Francisco Javier Guerrero. “Alaya sólo apunta a una persona, que es Guerrero. Todo lo demás entra en el capítulo de las hipótesis”, dijo ayer el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez. A pesar de la última sacudida judicial de Alaya, al Gobierno andaluz se le nota más seguro. En parte les ha ayudado el patinazo que dio hace dos tres el líder del PP-A, Juan Ignacio Zoido, cuando retó a Griñán a acudir al Congreso a dar explicaciones de los ERE. Desde la sede nacional del PP, hubo que corregir al líder andaluz, recordándole que el reglamento de la Cámara Baja no permitiría comparecer a Griñán. Pero ya era tarde, Zoido había logrado lo imposible: que el PSOE andaluz y el PSOE federal amortizasen políticamente el caso ERE. El presidente de la Junta aceptó enseguida un órdago que sabía imposible (y aún así volverá a comparecer en el Parlamento la semana que viene) y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, tomó ayer como “ejemplo” a Griñán y desvió el dardo de Zoido contra Rajoy: “Si al PP-A le parece razonable que Griñán comparezca, mucho más razonable le parecerá que comparezca Rajoy para dar explicaciones sobre el caso Sanchís, Bárcenas o Gürtel”, advirtió. Por otra parte, también es cierto que esta última fase de la instrucción del caso ERE ha alejado el foco de la Junta y se ha centrado en las personas que mediaban en el reparto de ayudas públicas y en incluir a los intrusos en EREs de empresas en las que nunca trabajaron. Las sobrecomisiones millonarias que cobraban esas personas –verdadero botín de la trama– “se acordaban presuntamente por el director general de Vitalia y Guerrero”, pero “con el conocimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos”: el extitular de Empleo, Antonio Fernández, [en libertad provisional tras pagar la fianza] y los directivos de Vitalia, Eduardo Pascual y María Vaqué [recién encarcelados]. Estos dos últimos, dice Alaya, ordenaban el pago de comisiones “cuyo destino, entre otros cargos de la Junta”, era Guerrero. Ésta es la conclusión de la jueza por la que ayer fue interrogado el portavoz, pero Vázquez insistió en que en el auto “sólo aparece entrecomillado Guerrero”. Los “superiores” del exdirector de Empleo ya aparecieron con nombres en autos anteriores. Fernández está imputado y ha pasado cinco meses en prisión. Su antecesor, el también exconsejero José Antonio Viera, es diputado del PSOE en el Congreso. No está imputado, porque su condición de aforado obligaría a la jueza derivar el caso al Supremo, pero en los atestados de la Guardia Civil se menciona el “papel esencial” de Viera en la concesión de ayudas fraudulentas a personas vinculadas con el PSOE y la Sierra Norte de Sevilla. “El señor Viera todavía no está imputado”, dijo Vázquez. La Junta está “satisfecha” con la deriva que ha tomado la investigación, porque cree que los comisionistas son los “reptiles” que han metido la mano en el fondo de ayudas para parados y empresas en crisis, dotado con 721 millones. Uno de esos supuestos reptiles, el exdirectivo de Vitalia, Antonio Albarracín, está encarcelado, acusado de prevaricación, malversación de fondos, cohecho, falsedad y delito contra la Hacienda. Su abogado se ha rebelado contra la Junta, y ha enviado un escrito a la jueza para recurrir el ingreso en prisión de su cliente y para solicitar que se impute directamente al presidente Griñán y a su antecesor, Manuel Chaves, a los líderes sindicales Manuel Pastrana (UGT) y Francisco Carbonero (CCOO) y a todos los responsables del PSOE y de los sindicatos en las provincias donde se pagaron prejubilaciones fraudulentas. El letrado se basa en las propias palabras de Alaya, que en uno de sus autos describe el sistema de concesión de ayudas de la Junta como “el verdadero negocio”. El portavoz de la Junta consideró que esta parte de la causa de los ERE es “un exceso”, y que la solicitud del abogado de Albarracín responde a una “estrategia de defensa” que considera “una exageración a todos los efectos”.

  • 1