La Consejería de Fomento y Vivienda ha expresado su rechazo "de plano" a la petición de la patronal andaluza de la construcción, Fadeco Contratistas, de establecer lo que la Junta considera un "repago" para los usuarios de las carreteras en Andalucía, según indica la directora general de Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Vivienda, Auxiliadora Troncoso.
En declaraciones a Europa Press, Troncoso considera la propuesta "totalmente inapropiada en un contexto de rescate con dinero público de autovías quebradas por parte del Gobierno central". Ha recordado que "la mayoría social ya está pagando sobradamente por su red de carreteras a través de los impuestos, por lo que rechazamos que la mayoría social pague los platos rotos de la crisis con medidas como el repago de servicios públicos".
A su juicio, "la asfixia de las arcas públicas autonómicas provocada por la aplicación del artículo 135 de la Constitución española y los objetivos de déficit impuestos por el Gobierno central no puede paliarse con medidas de 'repago' de los usuarios de servicios públicos, que ya están costeando el precio de las políticas de recorte de servicios públicos y rescate de privados".
Ha recordado que la Consejería "avanza por el contrario hacia modos de financiación de la obra pública justos socialmente, con medidas como el pago por parte de los promotores de las infraestructuras necesarias para cubrir la movilidad que provoquen las nuevas urbanizaciones, medida recogida en el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible".
Para la Consejería, "la carretera es fundamental para la vertebración social y territorial de Andalucía, así como para el acceso a los servicios públicos, y en modo alguno la Administración autonómica va a introducir cargos al bolsillo de los usuarios, que supondrían indirectamente un encarecimiento de los servicios públicos y una ruptura del principio de igualdad de acceso a bienes y servicios".
Considera, por tanto, que "el establecimiento de un 'repago' para usuarios de las carreteras en Andalucía iría en contra de los principios básicos de la Ley de Movilidad Sostenible, que precisamente persigue la igualdad de posibilidades de acceso de todas las personas a bienes y servicios".
'EUROVIÑETA'. Asimismo, en cuanto a la conocida como 'euroviñeta', un sistema de peajes para camiones con más de 3,5 toneladas, la Consejería de Fomento y Vivienda considera que es un debate que "debe abordarse en todo caso en el ámbito estatal", ya que, esta normativa "es competencia estatal y España votó en contra por considerar que supone una carga excesiva para el sector del transporte español en el actual contexto de crisis. Introducir cargos de este tipo en Andalucía supondría un lastre para el sector del transporte andaluz".
"La viabilidad y sostenibilidad de las infraestructuras de transporte no pasa por establecer mecanismos de repago para la mayoría social, sino por la racionalización y eficiencia de la inversión pública", ha insistido esta portavoz de la Consejería, quien recuerda que la Ley de Movilidad Sostenible, elaborada por la Consejería de Fomento y Vivienda y aprobada como anteproyecto por el Consejo de Gobierno en septiembre, establece como objetivo el de "racionalizar las inversiones en infraestructuras y servicios de transporte adecuándolas a criterios objetivos de ahorro y eficiencia, debiendo supeditarse la inversión a su viabilidad a partir de los correspondientes indicadores de movilidad".
Ha agregado que esto se traduce en que, "a la hora de concebir una nueva infraestructura del transporte --una carretera o una vía ciclista o un tranvía--, se debe tener en cuenta no sólo su viabilidad en función del coste económico y demanda de viajeros, sino que además se deben considerar los costes externos, esto es, sociales o medioambientales", un requisito que "es único en el conjunto de España".
Asimismo, ha precisado que la Ley de Movilidad Sostenible "también establece que si un desarrollo urbanístico aislado implica la construcción de una nueva infraestructura, el promotor deberá contribuir económicamente a sufragarla".
"Esto sí constituye un ejemplo de repercusión de costes con visión social, en contraste a lo que supondría un repago por parte de las personas usuarias de carreteras", ha aseverado Troncoso.
