La petición de la patronal de la construcción Gaesco de cambiar un PGOU que califican como "nefasto" y la decisión del alcalde, Juan Ignacio Zoido, de modificar el documento marco urbanístico para atraer inversores dependen en último término de la Junta de Andalucía, que debe aprobar cualquier cambio estructural del Plan, como los que se requieren para responder a las pretensiones de firmas como Ikea o Altadis. Y su presidente, José Antonio Griñán, dejó ayer claro en Los Diálogos de El Correo de Andalucía la postura de la administración autonómica en este debate que ha marcado la agenda municipal durante el primer mes del mandato del PP: "La normativa es la normativa. No se pueden derogar normas porque uno crea que así se generará más empleo, porque esto puede sentar un precedente y abrir la puerta a elementos que no sean tan positivos".
Griñán defendió así el marco legal urbanístico aprobado por el Ayuntamiento y rechazó las modificaciones que se plantean en el PGOU con la justificación de que han sido planteadas como condición para la ejecución de una serie de inversiones que pueden crear empleo. Con su postura, el presidente de la Junta respondió a la reclamación que realizó el alcalde hace sólo unos días a la Administración autonómica y, sobre todo, alertó de que una concesión en el marco legal urbanístico puede acabar sentado un precedente: "El discurso de que modificaré todo lo que sea necesario del PGOU para crear empleo no lo comparto porque no solamente la creación de empleo legitima el deterioro de la calidad de la convivencia ciudadana".
El presidente de la Junta contestó así a Zoido quien hace sólo unos días lanzo un envite a la Administración autonómica. "Que la Junta ponga inconvenientes en Sevilla para poner un Ikea y lo facilite en otro término, poniendo en riesgo 4.000 puestos de trabajo por preferencia de quien gobierna en un municipio, no quiero ni pensarlo, porque debe tener la misma responsabilidad con los sevillanos que con otros ciudadano", llegó a afirmar el regidor en referencia a la modificación que pide Ikea que supone una recalificación que puede permitir un aumento de la edificabilidad que supera en 41.400 metros cuadrados el techo establecido en el PGOU. Además de la multinacional el gobierno prevé al menos otro cambio de profundidad: la conversión de la fábrica de Altadis en una zona de equipamientos y un área comercial.
Zoido -quien ayer eludió hacer declaraciones sobre el PGOU en un acto en la Plaza de San Francisco- ya se presentó a los comicios con la flexibilización del PGOU entre sus banderas electorales, una postura que ayer ratificó su delegado de Economía y Empleo, Gregorio Serrano: "El PGOU es un documento legal aprobado en una época económica que no tiene nada que ver con ésta y vamos a procurar dentro de la absoluta legalidad que quien quiere invertir en la ciudad 250 millones de euros y crear 4.000 empleos directos, vamos a procurar que sea posible".
Pese a esto, y tras un debate público y político que se ha prolongado ya durante varios días, y después de más de seis reuniones -según él mismo Zoido admitió- con la dirección de la multinacional sueca, el gobierno local rebajó su contundencia al prever el futuro del proyecto de Ikea en Sevilla. Si al principio se habló de desbloquearlo en un mes, luego se pasó a poner la primera piedra antes de fin de año y ahora se empieza a dejar abierta la puerta a que, como ha ocurrido durante los últimos años, las reclamaciones de Ikea no sean atendidas por no ajustarse al marco legal -hay informes técnicos de Urbanismo contrarios-: "Si se analiza y no es posible, no será posible. No vamos a cometer una ilegalidad. Y si no le diremos a Ikea que no puede ser. El alcalde nos ha dado instrucciones de que nos sentemos a intentar resolver los problemas, y a lo mejor la resolución es que no puede ser. Pero lo intentaremos".
Gregorio Serrano, quien eludió responder a la petición del presidente de Gaesco, Miguel Rus, de que se produzca una modificación de un PGOU que tildó como "nefasto", sí coincidió en parte con los planteamientos de los promotores. "El PGOU no es un dogma de fe. Debe estar al servicio del ciudadano", dijo.
El PSOE acepta que se hagan ajustes "puntuales"
El grupo socialista se mostró conforme a realizar "reformas puntuales" en el PGOU pero sin necesidad de cambiar el plan entero. El viceportavoz socialista, Antonio Muñoz, reconoció que la ciudad "necesita más y mejores empresas" pero que "hay que priorizar los suelos disponibles". "Recuerdo que fue un proyecto consensuado por los distintos sectores", indicó Muñoz. Por ahora, los socialistas se mantienen a la espera de las modificaciones anunciadas por el gobierno local. "La Junta no se puede pronunciar hasta que no haya una propuesta encima de la mesa", añadió no sin antes recordar que "no podemos volver a un urbanismo a la carta".
IU defiende el desarrollo del PGOU en estos años
El portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, salió ayer en defensa del PGOU que el presidente de la patronal de la construcción calificó como nefasto, llegando incluso a afirmar que "en cinco años no se hizo ni un bordillo". "O este señor ha estado fuera de Sevilla o sencillamente miente porque ha sido el periodo con mayor inversión pública y con un mayor desarrollo del PGOU", respondió Torrijos quien subrayó que es necesario "ayudar y estimular" a los inversores para que lleguen a Sevilla pero insistió en que "siempre dentro de la legalidad": "Espero que expliquen -en alusión a los promotores- a que se refieren con flexibilizar el plan y la normativa".
