La Junta va a reclamar al Gobierno central, como mínimo, el 50% de lo que haya recaudado con la amnistía fiscal en Andalucía. El Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha un "procedimiento extraordinario" para que aflore el dinero negro: a los defraudadores se les permitía regularizar los bienes y el dinero en efectivo que no habían declarado y por el que nunca habían tributado, so pena de pagar una multa del 10% del conjunto de esos bienes. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, anunció ayer que reclamará al Gobierno la mitad del dinero que ha recaudado con la amnistía fiscal, como mínimo, porque el Ejecutivo andaluz desconoce aún si la cantidad perdonada sale del tramo estatal del IRPF o del tramo autonómico.
Griñán ha encargado un informe jurídico para descifrar si la Junta puede exigir al Gobierno una mayor parte de los fondos recaudados con el perdón fiscal a los defraudadores asentados en Andalucía. "Para ver si lo que es la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) tienen que pagarla o no quienes han sido amnistiados fiscalmente, porque nosotros no hemos declarado ninguna amnistía", apuntó el presidente. El IRPF es un impuesto personal que grava la renta obtenida en un año natural por cada español. Lo que ingresa Hacienda con este impuesto se reparte al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas, por eso como mínimo Griñán exige la parte que le corresponde a la Junta. "Nosotros no hemos hecho amnistía del tramo autonómico de la renta y por lo tanto tendrían que pagárnoslo".
La amnistía fiscal ha estado vigente seis meses (hasta el pasado 30 de noviembre) y ha permitido a Hacienda recaudar casi 1.200 millones de euros, aunque el Ministerio preveía ingresar algo más del doble. El informe jurídico de la Junta debe determinar si el dinero negro que ha aflorado con este controvertido mecanismo sale exclusivamente del IRPF, incluido el tramo autonómico, en cuyo caso Andalucía reclamaría la mitad. Si, por el contrario, el Gobierno sólo ha aplicado el perdón fiscal al tramo estatal (50%), la Junta seguiría reclamando el resto, porque "Andalucía no ha hecho ninguna amnistía", insistió el presidente.
El Ejecutivo andaluz también le pedirá al Gobierno de Mariano Rajoy datos sobre "cuáles son las personas que han regularizado su situación" en Andalucía, es decir, quiénes son los evasores de impuestos residentes en esta comunidad. Es improbable que Hacienda aporte esta información, ya que una de las condiciones de la amnistía fiscal es que la Agencia Tributaria preservaría la identidad de estas personas y no haría comprobaciones aisladas de los datos suministrados en su declaración de la renta.
Tasa a los bancos. Esta nueva reclamación que la Junta traslada al Gobierno de Rajoy sale a la luz el mismo día en que el ministro Cristóbal Montoro anuncia que Andalucía registró un déficit del 1,35% del PIB en septiembre, a tres meses de cerrar el año con el compromiso de no superar el -1,5% del PIB. Griñán no quiso aventurar ayer si la Junta podrá mantener ese compromiso, pero aprovechó para denunciar el trato "radicalmente injusto" del Gobierno de Rajoy por "subir el IVA, el IRPF, los impuestos especiales, la tarifa eléctrica, las tasas universitarias y judiciales, y que se haya quitado el único impuesto que tenía la banca".La semana pasada, el Gobierno eliminó el impuesto a los bancos que ya aplican Andalucía, Extremadura y Canarias. Esa tasa que el Ejecutivo central recurrió en los tribunales, y que el Constitucional avaló, ahora quiere regularla a través de una enmienda a la Ley Tributaria que creará un nuevo impuesto estatal sobre los depósitos bancarios con un tipo de gravamen del 0%. En la práctica esto significa eliminar esa tasa, impedir que otras comunidades copien a Andalucía, Extremadura y Canarias, y compensar a estas tres regiones por los ingresos que habrían percibido. La Junta se puso firme de inmediato y envió un mensaje rotundo a Moncloa: en el Presupuesto de 2013 mantendrán el impuesto a los bancos porque siguen defendiendo que es "constitucional, de derecho y de justicia".
El consejero de Economía, Antonio Ávila, volvió ayer a cifrar en 5.000 millones los recursos que Andalucía ha dejado de percibir por los recortes "e incumplimientos del Gobierno central". La Junta acusa a Rajoy de obviar el Estatuto, que obliga al Estado a invertir en Andalucía en relación a su volumen de población (17,9%).
