La Junta, que en paralelo a la justicia investiga si hubo irregularidades en la gestión de las ayudas para los cursos a parados entre 2007 y 2013, elevó ayer a 19,3 millones el dinero que reclama a las entidades que impartían estas actividades al no haber justificado el uso correcto de las subvenciones. Hasta el mes pasado, la Consejería de Educación, responsable de la Formación Profesional para el empleo, había detectado 581 expedientes de ayudas sin justificar (17,4 millones) a los que ahora se suman otros 59 (1,9 millones). En total se han examinado 5.153 expedientes, el 60,5% de los 8.505 pendientes de tramitar (faltan 3.400). La Junta reclama ya la devolución parcial o total de las ayudas en el 22% de casos examinados, según informó ayer el consejero de Educación, Luciano Alonso, en el Parlamento. Alonso ha comparecido seis veces en la Cámara para informar sobre los avances de la investigación en su departamento, para la cual se contrató a 64 personas, y ahora se unirá «un interventor específico» para fiscalizar los expedientes. La última vez fue hace un mes y entonces el consejero, «en aras de la transparencia», se comprometió a publicar el nombre de las entidades (sindicatos, empresas, patronal, ONG o ayuntamientos) a las que se le reclama el reintegro de ayudas. Ayer rectificó y anunció que no daría esos nombres, amparándose en un informe jurídico que advierte de que puede vulnerarse el derecho de protección de datos de las entidades señaladas. Alonso también presentó una carta que le ha remitido el presidente de la CEA, Javier González de Lara, para pedirle «que no se hagan públicos datos de expedientes de personas físicas o jurídicas con resoluciones definitivas de reintegro, dado que están sujetas a posibles recursos por parte de terceros» (la petición de reintegro aún puede ser recurrida en los tribunales). Este argumento soliviantó tanto a sus socios de Gobierno (IU) como a la oposición (PP). El portavoz de la coalición, Ignacio García, respondió que no aceptarán la explicación «ni como parlamentarios ni como ciudadanos», y la del PP, Teresa Ruiz Sillero, acusó a Alonso de «mentir» e incumplir su palabra. El consejero no se negó a entregar la documentación requerida a los grupos, y que ellos elijan si la hacen pública o no, ateniéndose a las circunstancias. Entre 2007 y 2013, el Gobierno andaluz ha destinado 2.456 millones a los cursos de formación para el empleo, un fondo que ahora está bajo sospecha, investigado por una docena de juzgados andaluces, incluido el de la jueza de los ERE, Mercedes Alaya. Hasta septiembre, la consejería había analizado casi la mitad de los expedientes de ayudas (4.365), y en el último mes (datos actualizados ayer) se depuraron otros 788 expedientes. De éstos, 547 están en requerimiento de información o en fase de estudio, 182 se han resuelto y están justificados correctamente, y para 59 hay una propuesta de resolución definitiva de reintegro por un importe de 1,9 millones. La Junta empezó por el año 2007 a analizar los expedientes de ayudas, porque las correspondientes a ejercicios anteriores habían prescrito. La reclamación del dinero puede deberse, o bien a un posible fraude en la gestión de las ayudas para impartir estos cursos, o bien a que las entidades adjudicatarias no habían justificado el correcto uso de las ayudas y que, hasta ahora, el Gobierno andaluz no le había reclamado ese dinero. Alaya investiga si se firmaron facturas falsas y se usaron las ayudas para un objeto distinto al previsto y si se subvencionaron cursos que nunca se impartieron. La Junta está personada en 11 procedimientos judiciales.