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La Junta reclamará al Estado el "déficit" en inversiones desde 2007

El Gobierno andaluz ha detectado desajustes sobre el compromiso estatutario, que obliga a destinar a Andalucía el 17,8%

el 23 ago 2011 / 21:19 h.

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El ministro Chaves y el secretario de Estado Gaspar Zarrías en la reunión con Griñán y la consejera Mar Moreno

Se preveía que la gestión del Guadalquivir sería el tema central de la reunión preparatoria de la Comisión Bilateral Junta-Estado que ayer celebraron en Madrid el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Sin embargo, sobre la fórmula definitiva que ambos acordarán para la gestión del río, después de que el Tribunal Constitucional anulara el artículo del Estatuto andaluz que concedía competencias exclusivas a la Junta -y que recurrió Extremadura-, nada se desveló. Solo que está a punto (Griñán habló de un plazo de quince días) y que combinará el cumplimiento de la sentencia con la posibilidad de que Andalucía mantenga el "mayor volumen posible" de competencias sobre "un río andaluz".

En cambio, de la reunión de ayer salió un nuevo tema sobre la mesa: el Gobierno andaluz ha detectado "algunos déficits que es necesario corregir" en el nivel de inversiones del Estado en la comunidad, y en la Comisión Bilateral presentará sus cálculos al Gobierno.

La reforma del Estatuto de Andalucía, aprobada en 2007, prevé -en la Disposición Adicional Tercera- que el volumen de inversión estatal en la comunidad "será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un periodo de siete años", es decir, hasta 2014. Ayer, en la reunión preparatoria de la Bilateral, que se celebrará en la segunda quincena de septiembre, Griñán y Chaves acordaron hacer un primer balance sobre el desarrollo de estas inversiones en los cinco años transcurridos. Según fuentes de la Junta, en este tiempo le corresponderían a Andalucía más de 19.500 millones de euros, ya que su población representa el 17,8% del total del país.

El Ejecutivo andaluz ya sabe "que déficit hay", aunque ayer Griñán no concretó a cuánto asciende. Fuentes del Gobierno andaluz señalaron que se constituirá un grupo de trabajo para analizar las cifras en el marco de la Comisión Bilateral y garantizar que Andalucía recibe lo que le corresponde según el mandato estatutario.

La crisis aprieta y las arcas públicas no están boyantes como para renunciar a un euro, máxime cuando Junta y Estado discrepan sobre la deuda que Andalucía tiene con el Gobierno por la liquidación de la financiación autonómica. En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado en julio y en la que se dio el visto bueno al plan de reequilibrio presentado por la Junta para cumplir con el objetivo del déficit público para este año, el Ejecutivo cifró esta deuda en más de 6.000 millones, pero el Gobierno andaluz sostiene que no debe más de 3.500.

El presidente Griñán, que acudió a Madrid acompañado de la consejera de Presidencia y Portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, destacó en su intervención pública tras el encuentro el esfuerzo de ejecución realizado hasta ahora por el Ejecutivo central y subrayó que las previsiones en cuanto a la consignación de las inversiones destinadas a la comunidad también se han cumplido en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado. Pero ambas administraciones revisarán si también se ha cumplido en la ejecución de esas partidas presupuestadas o quedan inversiones pendientes.

críticas de la oposición. Desde la oposición, la vicesecretaria de Acción Electoral del PP-A, Patricia Navarro, calificó la reunión, antes de su celebración, como la imagen de "un fin de ciclo" en ambos gobiernos en un momento de "enormes tensiones internas" entre el PSOE federal y el andaluz.

Navarro señaló que Chaves y Griñán tendrían muchos asuntos importantes de los que hablar, entre los que citó el Guadalquivir, el desacuerdo sobre la liquidación de la deuda o el conflicto por el impuesto sobre los depósitos bancarios implantado este año por el Gobierno andaluz y que el Ejecutivo central amenaza con recurrir. Sin embargo, la líder popular auguró un encuentro reducido a "cuestiones internas".

Además, criticó que tampoco figurara en el orden del día la situación del millón de parados andaluces y el caso de las presuntas irregularidades en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) subvencionados con fondos públicos. "El mutismo tanto de Chaves como de Griñán en estos dos asuntos no va a impedir que esta tarde cuando se retraten la gente les vea como a los presidentes del paro y de los ERE", añadió.

El presidente andaluz respondió a estas críticas pidiendo "respeto" ante el encuentro entre los gobiernos central y autonómico, ya que, "cuando se reúnen estas dos instituciones van a trabajar por el bienestar de los andaluces".

Andalucía quiere los hospitales estatales como Cataluña 

En la reunión de ayer, el presidente de la Junta también puso sobre la mesa otra reclamación al Estado, en este caso, la cesión de la titularidad de varios inmuebles adscritos a la Seguridad Social, principalmente edificios hospitalarios, y cuya gestión ya corresponde a la comunidad autónoma. Se trata de los hospitales, como el Virgen del Rocío de Sevilla, que ya existían cuando la comunidad recibió, en 1984, la transferencia de las competencias sobre Sanidad. En ese momento, la gestión –y con ella el mantenimiento y uso de los mismos– pasó al Gobierno autonómico, pero el Estado conserva la titularidad sobre los inmuebles.

El pasado junio, el Gobierno central reformó la Ley de Seguridad Social para permitir a las comunidades autónomas reclamar estos inmuebles, atendiendo así a una histórica petición de Cataluña pero abriendo la posibilidad a otras las regiones para evitar acusaciones de agravios. De hecho, la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat ya ha acordado la cesión de siete hospitales catalanes y la sede del Instituto Catalán de la Salud. El objetivo de la Generalitat es hacer caja con la venta o alquiler de algunos de esos inmuebles, cuyo valor estima en 1.200 millones de euros.

Fuentes de la Junta negaron ayer que esa sea su intención, ya que son edificios que mantienen su uso sanitario. Ni siquiera para incluirlos en la oferta de inmuebles para su venta  y posterior arrendamiento por la Junta. Su objetivo, dicen, es aumentar el patrimonio del Ejecutivo andaluz como valor para futuros avales.

Griñán reconoció ayer que la suma de estos edificios comportan “un valor patrimonial importante que pasaría a manos de la Junta de Andalucía”. Sin embargo ni la Consejería de Salud ni la de Hacienda pudieron precisar el número de inmuebles concretos ni su valor económico. Será un grupo de trabajo en el marco de la Comisión Bilateral quien analice las cifras y determinará también qué edificios le interesa a la Junta reclamar, ya que no tienen por qué ser todos.

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