El proceso judicial desencadenado a raíz de la muerte de un niño de cuatro años asfixiado en una papelera del patio de su colegio en Sevilla Este puede entrar en su etapa final al admitir los servicios jurídicos de la Consejería de Educación una posible responsabilidad patrimonial en el suceso. Tal responsabilidad deriva del hecho de que pudo producirse un fallo en la vigilancia del pequeño durante el recreo, ya que el niño permaneció varios minutos atrapado en la papelera sin que ningún profesor lo advirtiera y tuvieron que ser los otros niños los que alertaran del suceso.
Esta deducción pareció desde el principio la más lógica para explicar el dramático caso ocurrido en abril de 2006 y por el que los padres reclaman un millón de euros de indemnización. El informe sobre el suceso elaborado por la Junta viene a ser un reconocimiento valiente de una responsabilidad oficial por el mal funcionamiento de un servicio público, considerando que el personal docente no desplegó la diligencia necesaria para prevenir el fatal daño que sufrió el niño, y apuntando la posibilidad de reclamar a los profesores que asuman su propia responsabilidad en la falta de vigilancia.
No hay indemnización capaz de resarcir la pérdida de una vida y más tratándose de la de un niño de corta edad que sus padres ponen cada mañana en manos de un profesorado en el que depositan toda su confianza. En nombre de esa confianza que millones de familias le profesan, la administración educativa andaluza no ha escurrido el bulto y ha hecho un análisis honesto de un caso que, más allá de un desgraciadísimo accidente (en el recreo había en ese momento un profesor por cada 13 alumnos, muy por encima del 1 por 25 que exige la normativa) es el paradigma del fallo humano que nunca debió producirse. Asumir esta responsabilidad compensará en lo posible a la familia y mantendrá la confianza de quienes dejan a sus hijos cada día en manos de los docentes andaluces.