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La Junta rectifica y no obligará a su personal a irse a las nuevas agencias

Acuerda con UGT y CCOO modificar el decreto de reordenación del sector público, recurrido ante los tribunales y rechazado en la calle, para que el cambio de puesto sea voluntario para los funcionarios y el personal laboral.

el 27 oct 2010 / 20:48 h.

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El PP recurrió ayer ante el Constitucional el decreto de reordenación del sector público de la Junta.
Ningún empleado público de la Junta, sea funcionario o personal laboral, podrá ser obligado a incorporarse a las nuevas agencias empresariales. La Consejería de Hacienda accedió ayer a la petición de UGT y CCOO, tras días de reuniones técnicas, para modificar el decreto de reordenación del sector público recurrido ante los tribunales y contra el que todos los sindicatos llevan meses movilizándose en la calle.

 

El Decreto-ley, aprobado en junio, determinaba que el paso a las nuevas agencias, creadas por fusión o absorción de empresas públicas, sería voluntario para los funcionarios pero no para el personal laboral de la Junta que, según los sindicatos de clase, resultaban los más perjudicados ya que se les recortaban derechos en el tiempo como limitar a cinco años el plazo para presentarse a concursos de traslado. El preacuerdo alcalzado ayer determina que el traslado también será voluntario para el personal laboral, con lo que los sindicatos ven garantizados los derechos laborales de todo el personal de la Junta.

Se concretarán en el decreto las funciones que, por ley, sólo pueden ejercer los funcionarios y se eliminarán las referencias a funciones de ese tipo atribuidas como competencias a las nuevas agencias. El objetivo es que, si la administración insiste en atribuir esas competencias a los nuevos entes, tendrá que ofertar plazas en los mismos de acceso libre o mediante concurso de traslado para los funcionarios.

Se suprime así la posibilidad de que los trabajadores procedentes de las empresas públicas, que sí ingresarán en las agencias porque sus empresas serán absorbidas o fusionadas, ejerzan funciones de funcionarios o accedan a puestos fijos en la administración sin opositar. "También se dota al decreto de más seguridad jurídica porque tal como estaba, cualquiera de los recursos pendientes podría tumbarlo", según el responsable del sector en CCOO, Felipe Falcó. UGT y CCOO mostraron su disposición a retirar sus recursos.

El Gobierno andaluz accede también a las pretensiones de uno de los colectivos más beligerantes contra el decreto, los trabajadores de la Agencia del Agua, constituidos en plataforma independiente al margen de los sindicatos. La plantilla de este organismo será integrada en la Consejería de Medio Ambiente, donde se elaborará una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) que se prevé esté lista para el primer trimestre del año. De esta forma, sólo pasarán a la nueva Agencia del Medio Ambiente y el Agua los trabajadores de la empresa pública Egmasa.

En cuanto a las condiciones laborales que regirán a los trabajadores de los nuevos entes, el preacuerdo emplaza a la creación de una mesa para estructurar la Negociación Colectiva en el sector público, con la colaboración del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. "No queríamos dilatar más el acuerdo con este tema", señaló el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Tirado. Mientras tanto, cada trabajador mantendrá las condiciones del convenio colectivo de su puesto de procedencia.

El preacuerdo de ayer será formalizado por los secretarios generales de UGT y CCOO y la consejera de Hacienda al haber sido alcanzado en el marco de la Concertación, pero luego tendrá que pasar por la mesa general de Función Pública, donde están los sindicatos de funcionarios CSIF y SAFJA, igualmente contrarios al decreto pero por otros motivos. Su argumento es que los casi 20.000 externos que se incorporarán a las agencias logran un puesto fijo sin opositar.

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