"Hemos logrado dos cosas: primero seguridad jurídica para lo que ya teníamos, la gestión de las políticas andaluzas del agua que llevan en vigor desde 2009, y segundo, hemos ganado tiempo para trabajar y pensar juntos en una fórmula definitiva sobre la gestión del Guadalquivir que sea compatible con la sentencia del Constitucional y con el Estatuto andaluz", explicó ayer el consejero de Medio Ambiente, José Juán Díaz Trillo.
En la firma del convenio de colaboración entre el Estado y la Junta, que tuvo lugar ayer en el Ministerio de Medio Ambiente, sólo hubo andaluces: el secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, la ministra y exconsejera andaluza, Rosa Aguilar, y Díaz Trillo. La diferencia de las competencias que ostenta ahora Andalucía sobre el río, y las que ostentaba antes es que para las decisiones que requieran actos administrativos de resolución, la Junta deberá primero proponerlas al Gobierno central y esperar un informe favorable. "Antes la administración autonómica culminaba todo el procedimiento y ahor aésta llega hasta la propuesta de resolución inclusive, pero no hasta el final del proceso", explicó Aguilar.
Ahora se creará una subcomisión, con técnicos del ministerio y de la consejería de Medio Ambiente, para buscar la fórmula definitiva sobre la gestión definitiva. Otras comunidades, como Castilla y León y Extremadura, afectadas también por el fallo del Constitucional, han pedido colaborar con el Ejecutivo andaluz.
Andalucía costeará la ejecución de la encomienda y seguirá percibiendo los ingresos de cánones y tarifas por sanciones derivadas del dominio hidráulico.