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La Junta recupera el Guadalquivir por seis meses

El Gobierno central y el andaluz rubrican la encomienda de gestión del río y empiezan a buscar la fórmula definitiva tras tumbar el Constitucional el artículo del Estatuto andaluz que otorgaba a Andalucías las competencias exclusivas.

el 07 abr 2011 / 20:02 h.

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El consejero andaluz de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo; la ministra del ramo, Rosa Aguilar: y el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.
La gestión del Guadalquivir ha vuelto a manos andaluzas, al menos hasta septiembre. Las competencias sobre el río no son exclusivas, sino transferidas provisionalmente por el Gobierno central, que se reserva la supervisión de las políticas del agua. Pero en la práctica no se notará demasiado. El Gobierno central y el andaluz rubricaron ayer en Madrid la encomienda de gestión temporal para que la Junta vuelva a asumir la administración de los recursos y aprovechamientos hidráulicos del río a su paso por la comunidad. Se trata de una potestad amparada por el Estatuto andaluz de la que la Junta ha disfrutado en los últimos dos años, hasta que el Tribunal Constitucional anuló el artículo 51 del Estatuto y retiró a Andalucía las competencias exclusivas del río.

 

"Hemos logrado dos cosas: primero seguridad jurídica para lo que ya teníamos, la gestión de las políticas andaluzas del agua que llevan en vigor desde 2009, y segundo, hemos ganado tiempo para trabajar y pensar juntos en una fórmula definitiva sobre la gestión del Guadalquivir que sea compatible con la sentencia del Constitucional y con el Estatuto andaluz", explicó ayer el consejero de Medio Ambiente, José Juán Díaz Trillo.

En la firma del convenio de colaboración entre el Estado y la Junta, que tuvo lugar ayer en el Ministerio de Medio Ambiente, sólo hubo andaluces: el secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, la ministra y exconsejera andaluza, Rosa Aguilar, y Díaz Trillo. La diferencia de las competencias que ostenta ahora Andalucía sobre el río, y las que ostentaba antes es que para las decisiones que requieran actos administrativos de resolución, la Junta deberá primero proponerlas al Gobierno central y esperar un informe favorable. "Antes la administración autonómica culminaba todo el procedimiento y ahor aésta llega hasta la propuesta de resolución inclusive, pero no hasta el final del proceso", explicó Aguilar.

Ahora se creará una subcomisión, con técnicos del ministerio y de la consejería de Medio Ambiente, para buscar la fórmula definitiva sobre la gestión definitiva. Otras comunidades, como Castilla y León y Extremadura, afectadas también por el fallo del Constitucional, han pedido colaborar con el Ejecutivo andaluz.

Andalucía costeará la ejecución de la encomienda y seguirá percibiendo los ingresos de cánones y tarifas por sanciones derivadas del dominio hidráulico.

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