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La Junta recurre el auto de Alaya que pide información sobre empresas públicas

Considera que el citado auto supone una "investigación prospectiva que puede dar lugar a una causa general prohibida por la Ley".

el 30 dic 2014 / 13:52 h.

La jueza Mercedes Alaya. / EFE La jueza Mercedes Alaya. / EFE El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía presentará recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla para que revoque el último auto dictado por la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, en el que pide a la Intervención General de la Junta los informes adicionales que pudiera haber realizado sobre empresas públicas como Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa o la RTVA para poder determinar si ha podido existir "paralelismo con lo acontecido en la Agencia IDEA". También ha recurrido el auto en el que la jueza pedía la documentación sobre las ayudas recibidas por Delphi. Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Angel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la última reunión del Consejo de Gobierno del año. Según ha detallado Vázquez, el recurso de apelación se fundamenta en que se trata de un asunto que "ya está siendo investigado" por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla y en que la competencia para conocer este caso "sería del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)". Junto a ello, el Gabinete Jurídico de la Junta considera "que no existe fundamento alguno para extender la investigación a otras entidades de la Junta" dado que la propia argumentación razonada enviada por la juez Alaya al Supremo dice textualmente que "la investigación se ciñe a la averiguación de hechos relacionados con la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas directas a empresas por parte de la Consejería de Empleo". Vázquez ha añadido que los letrados de la Junta también considera que el citado auto supone una "investigación prospectiva que puede dar lugar a una causa general prohibida por la Ley y con grave riesgo de que la Junta vea frustrada sus legítimas aspiraciones como parte perjudicada por los hechos que se investigan por la dilación del procedimiento y por la posibilidad de prescripción de los delitos".

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