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La Junta recurrirá la sentencia que le obliga a expedientar a Manuel Chaves

el 16 ene 2011 / 09:07 h.

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El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.

La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, ha anunciado la intención de la Junta de recurrir el pronunciamiento dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que insta al Ejecutivo autonómico a abrir un expediente sancionador al vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y anula el acuerdo del consejo de gobierno autonómico que eludió expedientar a Chaves en relación a la subvención otorgada por el Gobierno andaluz a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), en la que trabajaba su hija.

Moreno, que ha clausurado en la localidad malagueña de Torrox una reunión del foro litoral del PSOE, ha expresado la intención de recurrir esta decisión "porque entendemos que hemos actuado con arreglo al procedimiento administrativo, y de hecho hay un voto particular dentro de la sentencia que avala claramente a la Junta de Andalucía, y nosotros compartimos los fundamentos jurídicos de ese voto particular".

Ha recordado a los periodistas que el caso Matsa es a día de hoy "un asunto administrativo", pese a que, según considera, el PP "intentó convertirlo en un escándalo, con una acusación penal que fue archivada inmediatamente por los tribunales".

"Por tanto, estamos hablando ya de un contencioso-administrativo, que la Junta de Andalucía va a recurrir dentro de la normalidad que representa un asunto administrativo que ya no tiene repercusión, y que es de absoluta menor cuantía política", ha reiterado la consejera.

El TSJA ha anulado el acuerdo del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía de 31 de julio de 2009 que eludió expedientar a Chaves en relación con la subvención otorgada por el Consejo de Gobierno andaluz a la empresa Matsa, en la que trabajaba su hija, Paula Chaves Iborra, y ha instado a la Junta a abrirle un expediente sancionador por la misma causa.

En el auto del TSJA, al que ha tenido acceso Europa Press, exponen que la resolución impugnada es "arbitraria e injustificada" dado que "lo realmente trascendente" era "si el Alto Cargo cuando presidió el Consejo de Gobierno de 2009 ratificando la subvención y aprobando el gasto a favor de la empresa Matsa, conocía que su dirección, asesoramiento o administración tenía alguna parte el miembro de su familia y ello con independencia de su intervención directa con la Administración".

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